Este sábado comenzó el traslado de Federico “Fred” Machado, detenido en Viedma, hacia los Estados Unidos, donde será extraditado el próximo miércoles. El empresario deberá comparecer ante la justicia de Texas por una causa que lo investiga por lavado de activos del narcotráfico. El operativo fue coordinado por Interpol y un equipo de U.S. Marshals, que lo llevó en una avioneta de la Policía Federal Argentina desde la capital rionegrina hasta Buenos Aires.

Machado estaba detenido desde octubre, cuando el juez federal de Neuquén Gustavo Villanueva le revocó la prisión domiciliaria. El traslado se adelantó por las tormentas previstas para el martes. En Buenos Aires permanecerá alojado en la División Alcaidías de la PFA hasta su vuelo hacia Estados Unidos.

Mientras tanto, la organización ARM Global, dirigida por Daniel Sarwer, pidió en el Juzgado Federal N°5 investigar a María Lorena Villaverde, actual diputada y senadora electa. El pedido busca frenar su jura del 10 de diciembre por el presunto origen irregular de los fondos usados en su campaña. Se solicitó acceso a extractos bancarios, contratos de pauta y registros de aportes privados.

La denuncia vincula a Villaverde con Machado y Claudio Daniel Ciccarelli, acusados de presunta asociación ilícita, lavado de activos y evasión fiscal agravada. El entramado financiero entre ellos está bajo investigación tanto en Argentina como en Estados Unidos. Si la causa se abre antes de la extradición de Machado, podría postergarse su traslado para que declare como testigo o imputado.

Cerca del entorno del empresario aseguran que su estrategia será colaborar con la justicia estadounidense y admitir solo los cargos por estafa y lavado, buscando una condena reducida. A cambio, aportaría datos sobre los verdaderos inversionistas detrás del dinero ilícito.

En paralelo, el expediente también menciona el papel de Villaverde, señalada por manejar recursos de origen incierto en su campaña. Desde su salto a la política en Río Negro, su crecimiento fue meteórico: pasó de buscar la intendencia de San Antonio a asegurarse una banca nacional con La Libertad Avanza, pese a las dudas sobre el financiamiento.

Además, se la acusa de haber usado bases de datos de ANSES y PAMI para afiliar personas sin consentimiento al partido libertario en la provincia. Su principal operador, Julián Goinhex, está procesado por fraude durante su paso por la gobernación rionegrina, y también vinculado a contratos con empresas ligadas a Machado.

El círculo se completa con Abelardo Calfín, director de ANSES en Villa Regina, cuya empresa de publicidad facturó más de 141 millones de pesos a La Libertad Avanza por servicios de campaña sin comprobantes claros. Las facturas fueron anuladas tras la difusión de las irregularidades, pero las fuentes judiciales aseguran que “la anulación no borra la tentativa del delito”.