Esta semana empieza la discusión formal del paquete de leyes que el gobernador Axel Kicillof envió a la Legislatura bonaerense. El combo incluye Presupuesto, Ley Fiscal Impositiva y la autorización para buscar financiamiento el año que viene.
La meta del Gobernador es clara: que todo esté aprobado antes del 10 de diciembre. Para eso necesita que el 26 de noviembre los proyectos lleguen al recinto con dictamen de mayoría. Pero esa hoja de ruta depende de un actor que, una vez más, tiene la llave: La Cámpora.
El martes se reúne la comisión de Presupuesto e Impuesto en Diputados, un ámbito clave porque ahí se define el despacho. De los 15 integrantes, ocho responden a Unión por la Patria y dos son camporistas: Micaela Olivetto y Avelino Zurro.
Lo que decidan ellos condiciona toda la negociación. Y ahí aparece el primer punto de tensión interna.
La previa ya arrancó movida. Por un lado, intendentes kirchneristas difundieron un informe donde cuestionan la distribución de recursos. Según ellos, los municipios alineados con La Cámpora reciben menos fondos por habitante, algo que cayó pésimo en ese sector.
Por otro lado, la oposición también llegó con demandas: quiere discutir cargos clave en organismos provinciales como el Banco Provincia, el Consejo General de Educación, la Subprocuración y la Suprema Corte, que hoy tiene cuatro vacantes.
En paralelo, dentro del propio oficialismo —kirchnerismo y Frente Renovador incluidos— crece el reclamo para que Kicillof avance con esas designaciones. Incluso aparecen pedidos puntuales de intendentes, como el de Quilmes, Mayra Mendoza, que exige más recursos para el Plan Hídrico de la cuenca de los arroyos San Francisco y Las Piedras.
Aunque en Diputados se espera un dictamen favorable en mayoría, la aprobación final no está asegurada. La ley de financiamiento necesita dos tercios de los votos y hoy ese número es incierto.
El Ejecutivo busca permiso para endeudarse por hasta 1045 millones y hasta 1990 millones adicionales. Y acá nace otra tensión: algunos sectores del kirchnerismo no quieren que empresas estatales como Aubasa o Centrales de la Costa puedan endeudarse por fuera de esos topes.
Lo que pase esta semana no solo define si el paquete económico llega aprobado a diciembre: también mide el vínculo político entre Kicillof y La Cámpora, una relación donde cada movimiento pesa.