La Municipalidad de Córdoba tomó una decisión que venía generando ruido hace meses: dejará de alquilar varios inmuebles usados para oficinas administrativas. El anuncio fue confirmado por el Ejecutivo y se inscribe dentro del ajuste que Daniel Passerini anticipó para un 2026 con menos recursos. Pero la pregunta que todos se hacen es simple: ¿qué cambia para la ciudad con este recorte?

Durante años, el municipio acumuló decenas de contratos de alquileres que drenaban fondos públicos sin una razón que convenciera del todo. Desde el Palacio 6 de Julio admiten ahora que muchos de esos convenios se van a dar de baja. Entre los primeros aparece la casona de Nueva Córdoba donde funcionaba el ente Bio Córdoba.

Un giro que marca época

El recorte llega después de la derrota electoral del 26 de octubre, un mensaje fuerte de parte de los cordobeses, que pidieron menos gasto político y más orden. Daniel Passerini pareció tomar nota: aunque la poda no es enorme, implica un cambio de dirección que el propio oficialismo ya reconoce como inevitable.

Hoy, el municipio alquila 76 inmuebles. La mayoría seguirá en pie porque cumplen funciones operativas o sociales. Pero los espacios ligados a áreas administrativas, que pueden reubicarse en edificios propios, serán dados de baja. De hecho, en mayo ya se rescindieron los contratos de Chacabuco 702 y 545, ambos del ente Bio Córdoba.

La idea oficial es simple: trasladar oficinas a sedes municipales ya disponibles para bajar el gasto mensual. Si esto avanza como esperan, el ahorro sería de millones de pesos al año.

Lujo, burocracia y enojo ciudadano

Las críticas crecieron cuando se supo que el municipio alquilaba oficinas en edificios caros, como Capitalinas y GNI. Muchos de esos contratos vienen de la gestión de Martín Llaryora, aunque algunos se mantuvieron bajo la administración actual.

La polémica explotó con la oficina de Héctor “Pichi” Campana, en Nueva Córdoba, con un costo mensual de 4,5 millones. El concejal radical Sergio Piguillem fue tajante: “Lujo para ellos y ajuste para los cordobeses”. Incluso llevó el tema a la Justicia para conocer cuánto paga la Municipalidad de Córdoba por cada inmueble.

Desde el Ejecutivo respondieron que los alquileres más altos corresponden a secretarías con gran cantidad de personal. Aun así, la información oficial no detalla montos ni beneficiarios de los contratos vigentes, dejando una duda abierta sobre la transparencia del gasto.

¿Una medida tardía, pero necesaria?

Todo indica que sí. El municipio reconoce, aunque sin decirlo tan fuerte, que la estructura estatal creció más de lo que Córdoba podía bancar. Y ahora, con menos recursos en el horizonte, el ajuste se vuelve obligatorio.

¿El dato clave? La reducción de alquileres no es solo un recorte: es la primera señal concreta de que la ciudad empieza a ordenar un gasto que, hasta ahora, nadie quería revisar. Y esa es la parte que más va a mirar el vecino.