Algo pasó en la UCR de Córdoba que muchos dentro del partido prefieren no decir en voz alta… pero que igual terminó explotando en el Comité Provincia. Y lo que salió a la luz abre un interrogante central que todavía nadie responde del todo: ¿qué tan lejos llegará esta ofensiva interna que pide sanciones durísimas contra dirigentes de peso?

Ese es el punto que mantiene en vilo a toda la militancia radical. Y acá te contamos qué pasó, por qué pasó y qué puede venir después.

Un reclamo que sacudió al Comité Provincia

Un grupo de referentes presentó un escrito formal reclamando sanciones y, directamente, expulsiones contra varios nombres fuertes. Entre ellos, Rodrigo de Loredo, Soledad Carrizo, Marcelo Cossar y un paquete de intendentes que habrían apoyado listas ajenas en las elecciones legislativas de octubre.

Según los denunciantes, estos dirigentes habrían colaborado, fiscalizado o hecho campaña contra la Lista 3. El documento detalla caso por caso y apunta que Cossar se incorporó al Ministerio de Defensa gracias a un impulso del mileísmo. También lo acusan de promover el voto a favor de La Libertad Avanza y de sumarse a su estructura de fiscalización.

Detrás de todo, el reclamo apunta a algo más profundo: un desgaste del vínculo interno y un choque identitario dentro del radicalismo provincial.

Las acusaciones contra De Loredo y Carrizo

La denuncia también cae con fuerza sobre Rodrigo de Loredo, a quien cuestionan por haber dicho que no votó a la UCR porque la lista estaba “armada con el peronismo”. Para los firmantes, esa declaración fue “falaz, repugnante y cobarde”, y sostienen que parte de su equipo trabajó para el oficialismo libertario.

En el caso de Soledad Carrizo, la acusan de sacarse fotos en el búnker libertario con Bornoroni y Cossar, y de plantear públicamente que vería con buenos ojos una eventual llegada del radicalismo al gobierno nacional.

Qué puede pasar ahora: el rol del Tribunal de Conducta

El Tribunal de Conducta deberá decidir si hay sustento legal para avanzar con sanciones. Solo pueden prosperar en casos donde existió participación directa en listas ajenas, lo que anticipa un debate complejo.

En este punto aparece un antecedente clave: el caso de Myrian Prunotto, cuyo expediente de expulsión todavía no tiene un fallo definitivo y que demostró lo difícil que es separar a una figura con peso propio, incluso cuando hay voluntad política para hacerlo.

Los intendentes y un 2027 que ya empezó

Los intendentes señalados por haber apoyado el frente Provincias Unidas suman otro problema. Muchos necesitan el sello radical para competir en 2027, lo que podría forzarlos a negociar con otros sectores —incluidos aliados peronistas que buscan ocupar sus lugares— mientras el oficialismo provincial intenta consolidar Provincias Unidas como un espacio estable del arco no kirchnerista.