Si te contaran que un grupo de policías armó una “oficina de multas” para castigarse entre ellos cuando no entregaban rápido la plata de un fraude policial, ¿lo creerías? La historia detrás del escándalo que hoy sacude a Rosario es todavía más absurda —y más grave—. Y recién empieza.

Todo gira alrededor de un robo de nafta millonario organizado desde la cúpula policial, con un funcionamiento tan aceitado que involucró a comisarios, jefes de secciones y hasta encargados de la estación de servicio. Acá te contamos cómo operaba el sistema y por qué hoy varios están presos.

Un fraude armado desde arriba

Según la fiscalía, el desfalco duró más de un año y llegó a promediar 45 millones de pesos robados por mes. El mecanismo era simple: se sobrefacturaban cargas de combustible que nunca iban a los patrulleros. En julio de 2024, por ejemplo, 85 móviles que estaban fuera de servicio aparecían igual como si hubieran cargado.

El dinero “extra” volvía a los policías en sobres, entregados directamente en la estación Gas Auto Tiferno. Esa plata subía por la estructura interna hasta la Jefatura.

El máximo jefe de Rosario hasta mayo, Daniel Acosta, hoy preso, está acusado de haber organizado todo junto a su secretario privado, Rodrigo Domínguez, señalado por administrar el circuito de retornos.

La OGM: el sistema de multas internas

Para mantener el “orden” dentro de la banda, Domínguez creó su propia “Oficina de Gestión de Multas” (OGM). Si un policía se demoraba en entregar la plata, debía pagar sanciones tan ridículas como costillares o botellas de Johnny Walker Blue Label. Las quejas internas apuntaban siempre al mismo lugar: la oficina que manejaba el flujo del dinero sucio.

El comisario que rompió el silencio

El quiebre llegó cuando Gerardo Ramírez, jefe de Garage, decidió hablar como imputado colaborador. Su testimonio confirmó que el circuito de fraude, desde la sobrefacturación hasta la entrega quincenal de retornos, estaba decidido por Acosta y ejecutado por Domínguez.

Ramírez incluso detalló reuniones donde Acosta les decía a jefes como Diego Santamaría o Héctor Saucedo que, si querían conservar sus cargos, debían sumarse al esquema.

El final de la maniobra

La asociación ilícita cayó el 5 de mayo, cuando los primeros allanamientos frenaron la operatoria. Algunos policías intentaron borrar pruebas, incluso quemando móviles que los incriminaban.

Hoy, Acosta está imputado por asociación ilícita, peculado y defraudación agravada. Domínguez enfrenta cargos como organizador y recaudador del sistema.

Este caso expone cómo parte de la cúpula policial de Rosario convirtió un recurso básico —el combustible para patrulleros— en una fuente paralela de recaudación. El expediente todavía avanza, y lo que falta por conocerse promete ser tan fuerte como lo que ya salió a la luz.