Arranca con una pregunta que todavía no tiene una sola respuesta clara: ¿puede el gobernador vetar el presupuesto de la Cámara de Diputados? Ese interrogante, que parece técnico, volvió a encender la interna del peronismo bonaerense y promete sumar un nuevo capítulo de tensión política en la Provincia.
En las últimas horas, el gobernador Axel Kicillof firmó un veto parcial al presupuesto de la Cámara baja de la provincia de Buenos Aires. La decisión reavivó el debate jurídico y político en la Legislatura, en un contexto ya cargado por las disputas internas del oficialismo y los cruces entre sectores alineados con Cristina Kirchner y el Ejecutivo provincial.
El veto quedó formalizado mediante el Decreto 2947/2025, publicado en el Boletín Oficial. Allí, Axel Kicillof promulgó la Ley 15.560, pero observó cuatro artículos clave (14, 15, 16 y 17) que habían sido incorporados durante el debate parlamentario.
Esos artículos modificaban la Ley 10.426 y cambiaban la forma en que la Cámara de Diputados recibe los fondos. En concreto, establecían transferencias automáticas, diarias y proporcionales a los ingresos provinciales, además de habilitar la intervención del Tribunal de Cuentas ante posibles incumplimientos.
Hasta ahora, esos recursos se giran por partidas definidas por el Ministerio de Economía.
Desde el Ejecutivo sostienen que Diputados avanzó sobre facultades que no le corresponden. Según el decreto, los cambios no eran solo presupuestarios, sino que afectaban el sistema de Tesorería provincial, una competencia exclusiva del Ministerio de Economía y de la Tesorería General.
Además, el gobierno advirtió que la automatización diaria de fondos podría romper el sistema de cuenta única del Tesoro y generar un trato diferencial para la Cámara baja frente a otros poderes del Estado, incluido el Senado.
En ese marco, el Ejecutivo también contextualizó la medida en la crisis económica provincial: caída de ingresos, recesión y falta de transferencias nacionales. El mensaje fue claro: priorizar el equilibrio fiscal y evitar decisiones que, según su mirada, ponen en riesgo la administración centralizada de los recursos.
El corazón del conflicto está en el artículo 94 de la Constitución bonaerense. Allí se establece que el presupuesto del Poder Legislativo no puede ser vetado por el Ejecutivo. Para la oposición interna y sectores cercanos a Cristina Kirchner, el veto viola ese principio y afecta la autonomía parlamentaria.
Desde el gobierno, en cambio, sostienen que no se tocó el monto del presupuesto, sino la forma en que se transfieren los fondos, algo que consideran una “extralimitación” de Diputados.
Los diputados tienen dos caminos. El más rápido es insistir con la redacción original del presupuesto y rechazar el veto, algo que requiere dos tercios de los votos. El otro, más largo, es judicializar el conflicto, lo que sumaría al Poder Judicial a una disputa que ya enfrenta al Ejecutivo con la Legislatura.
Mientras tanto, el conflicto sigue abierto y suma ruido político en un peronismo bonaerense que, lejos de ordenar filas, vuelve a mostrar sus grietas internas.