Arranca con una pregunta que muchos se hicieron ese fin de semana en Coronel Suárez: ¿por qué un control de alcoholemia terminó en una pelea política después de una fiesta tradicional? La respuesta no es tan simple y explica por qué el tema sigue generando ruido entre vecinos, autoridades y fuerzas de seguridad.

El intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, decidió romper el silencio tras la polémica por el control de alcoholemia realizado a la salida de un festival de doma y jineteada, un evento que reúne cada año a familias, gauchos y público de toda la región. Sus declaraciones buscaron aclarar qué pasó y, sobre todo, quién debía autorizar ese operativo.

Según explicó el jefe comunal, en el distrito los controles de alcoholemia son responsabilidad de la inspección municipal, con apoyo de la Policía. En ese marco, aseguró que el procedimiento montado a la salida del festival no fue coordinado ni avisado al Municipio. Para Moccero, el policía que dio la orden “se cortó solo” y actuó sin consultar a sus superiores ni a la autoridad local.

El operativo fue dispuesto por el teniente Martín Guevara, titular de la comisaría Tercera de Pueblo San José, a la salida del evento organizado por el club El Progreso, a comienzos de este mes. El intendente remarcó que su enojo no pasa por la existencia del control, sino por la forma en que se decidió. Incluso habló de “desacato” por parte del efectivo policial.

En ese punto, Ricardo Moccero fue claro: negó haber pedido el apartamiento del oficial únicamente por aplicar la ley. Afirmó que Guevara ya tenía denuncias previas por presunta falta de transparencia, las cuales —según dijo— fueron elevadas a la Auditoría General de Asuntos Internos. Por eso, sostuvo que su reclamo a la Provincia no se limita a este episodio puntual.

Desde el Ministerio de Seguridad bonaerense, por ahora, ratificaron la continuidad del policía en su cargo, aunque el intendente consideró que podría ser apartado más adelante si avanzan las investigaciones internas. De manera extraoficial, trascendió que las denuncias incluirían supuestos pedidos de sobornos a organizadores de espectáculos y otras irregularidades que están bajo análisis administrativo y penal.

La polémica creció aún más cuando Moccero calificó de “ridículo” el control realizado cerca de las 7 de la tarde y dijo comprender el malestar de vecinos y asistentes. Sin embargo, aclaró que no está en contra de los controles de alcoholemia y defendió su aplicación en horarios donde hay mayor riesgo de accidentes.

El caso ya llegó a la Justicia: interviene el fiscal Eduardo Quirós, tras una denuncia por presunto abuso de autoridad. Mientras tanto, el intendente confirmó que designó defensa legal y espera que la investigación permita aclarar responsabilidades.

Así, lo que empezó como un control a la salida de una fiesta tradicional terminó abriendo un debate más profundo: quién decide, cómo se aplica la ley y qué límites tienen las autoridades cuando se cruzan seguridad, política y tradiciones populares.