¿Puede la Justicia embargar el sueldo y el aguinaldo de una diputada nacional? Esa es la pregunta que empezó a circular con fuerza en las últimas horas y que tiene como protagonista a Lorena Villaverde. El fallo no solo generó ruido político, sino que abrió un frente judicial que todavía no está cerrado.

La Justicia de la provincia de Río Negro ordenó el embargo preventivo de la dieta y el medio aguinaldo de la diputada nacional Lorena Villaverde, representante de La Libertad Avanza. La medida busca asegurar el pago de una suma provisoria de 40,5 millones de pesos en el marco de una demanda por daños y perjuicios.

La causa está vinculada a un desarrollo inmobiliario llamado “Tajamar”, ubicado en Las Grutas. Según consta en el expediente, un damnificado asegura haber comprado un lote mediante un boleto de compraventa con firmas certificadas, pero nunca recibió la posesión del terreno. A partir de ese reclamo, el juez avanzó con la cautelar.

La resolución fue firmada por Santiago Morán, titular de la Unidad Jurisdiccional Civil N° 3 de Bariloche. El fallo ya fue comunicado a la Cámara de Diputados de la Nación, que deberá aplicar las retenciones mensuales correspondientes hasta cubrir el monto fijado. En términos simples: le embargan haberes para garantizar el eventual pago.

El magistrado sostuvo que existe “riesgo en la demora”, una figura legal que se aplica cuando hay chances de que el cobro futuro se complique. Por eso, decidió avanzar con el embargo antes de que haya una sentencia definitiva. El reclamo incluye incumplimiento contractual y el cobro de un canon locativo.

Desde su entorno, Lorena Villaverde había argumentado en otras instancias que las demoras en la entrega de los terrenos se debieron a las restricciones operativas durante la pandemia. Sin embargo, ese planteo fue rechazado por el juez, que consideró que no alcanzaba para frenar la medida cautelar.

Este no es el único frente judicial que enfrenta la diputada. En San Antonio Oeste tramita otro expediente por una situación similar, donde el monto reclamado ronda los 100 millones de pesos. Ambos casos están relacionados con operaciones inmobiliarias en la costa rionegrina.

En paralelo, el nombre de Villaverde volvió a estar en el centro de la escena por la reaparición de antecedentes judiciales que ya habían tomado estado público. En ese contexto, la legisladora había renunciado a su banca en el Senado, argumentando que no quería ser utilizada políticamente contra el Gobierno. También amagó con dejar su lugar en Diputados, aunque finalmente decidió continuar.

Por ahora, la causa sigue su curso y la medida ya está en marcha. La pregunta que queda abierta es cómo impactará este proceso judicial en su futuro político y en los otros expedientes que siguen sumando presión.