¿Fue solo un error administrativo o algo más serio? Esa es la pregunta que muchos vecinos de General Rodríguez se hicieron cuando salió a la luz el informe del organismo que controla cómo se usan los fondos públicos. Lo que encontró no fue menor, y aunque algunos cargos se levantaron después, el expediente dejó huellas difíciles de borrar.

El Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires detectó irregularidades administrativas, faltantes de documentación y gastos cuestionados en la rendición de cuentas del año 2022 de la municipalidad de General Rodríguez. La máxima responsabilidad política recae en el intendente Mauro García, tal como lo establece la normativa vigente.

Qué observó el Tribunal de Cuentas

La auditoría puso el foco en rendiciones incompletas y gastos que, al momento de ser presentados, no estaban correctamente justificados. Esto llevó a la formulación de cargos económicos importantes contra funcionarios municipales, incluido el propio intendente.

Si bien esos cargos luego fueron dejados sin efecto tras la presentación tardía de documentación, el punto clave es otro: las observaciones existieron y fueron consideradas graves. La administración local no cumplió en tiempo y forma con las reglas básicas de control del dinero público.

Gastos cuestionados y propaganda personal

Uno de los aspectos más sensibles fue el uso de fondos municipales para la compra de lonas destinadas a eventos deportivos. Según la documentación inicial, esas lonas incluían la frase “Mauro García Intendente”, lo que para el Tribunal desvirtuaba el carácter institucional del gasto.

El organismo entendió que ese tipo de propaganda personalizada no acreditaba interés municipal y violaba principios elementales de la publicidad oficial. Por ese motivo, se formularon cargos económicos que recién se levantaron luego de aclaraciones posteriores. El daño institucional, sin embargo, ya estaba hecho.

Honorarios truchos y falta de respaldo

Otro punto polémico fueron los pagos de honorarios profesionales por más de 1,5 millones de pesos. El Tribunal observó que se trataba de abogados que, además, tenían relación laboral con el municipio y que no se había presentado la documentación exigida por la ley.

Faltaban convenios homologados, liquidaciones claras y planillas de distribución de honorarios. Esa ausencia impedía verificar si los pagos eran legales, lo que dio origen a cargos solidarios contra el intendente y áreas clave de la gestión. Aunque luego se agregaron expedientes y desistimientos, el fallo remarca que todo fue presentado fuera de término, alimentando las sospechas sobre posibles honorarios truchos.

La sanción y la responsabilidad política

Más allá de que algunos cargos económicos se levantaron, el Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires fue claro en un punto: aplicó una sanción directa al intendente. Mauro García fue multado con 150 mil pesos, suma que pagó el 14 de mayo de 2024, según consta en el expediente oficial.

Esto desmiente cualquier intento de mostrar el fallo como una absolución total. Hubo reproche institucional, hubo sanción y hubo reconocimiento de incumplimientos.