Hay una pregunta que todavía recorre los pasillos políticos de Córdoba y también las charlas de café: ¿el Presupuesto 2026 baja impuestos o agranda el gasto político? La respuesta no es tan simple, y por eso vale la pena mirar con lupa qué se votó, quiénes lo defendieron y por qué la oposición encendió todas las alarmas.

Este lunes, el Concejo Deliberante de Córdoba aprobó el Presupuesto 2026 y el nuevo Código Tributario, dos proyectos impulsados por el intendente Daniel Passerini. El oficialismo hizo valer su mayoría y sancionó la hoja de ruta económica que marcará el rumbo de la ciudad el próximo año.

Desde el bloque Hacemos Unidos por Córdoba, celebraron el resultado como un hito: aseguran que el municipio alcanzará “déficit cero” real por primera vez en siete años. El concejal Martín Simonian sostuvo que el equilibrio fiscal es clave para dar previsibilidad en un contexto económico complejo.

Qué cambios trae el Código Tributario

Uno de los puntos más destacados es la reducción del 30% en las tasas de Comercio e Industria. Según datos oficiales, la medida beneficiará a unos 20.000 contribuyentes locales. El mensaje del oficialismo es claro: aliviar la carga impositiva para sostener la actividad económica.

Sin embargo, la discusión no pasó solo por los impuestos. El foco más caliente estuvo puesto en el gasto político y en el tamaño del Estado municipal.

Las críticas al gasto y la estructura municipal

Desde la oposición cuestionaron la continuidad de secretarías que consideran no esenciales, como “Ciudad Inteligente” o “Economía Circular”. Según denunciaron, estas áreas forman parte de una superestructura de unos 400 funcionarios que, lejos de achicarse, sigue creciendo.

También hubo fuertes reparos por las partidas destinadas a publicidad y propaganda oficial. Durante la sesión se expusieron documentos que muestran asignaciones superiores a los 211 millones de pesos en un solo ítem, lo que despertó sospechas sobre las prioridades del gasto.

A esto se suma el pago de una cuota de 43 millones de dólares de deuda internacional, tomada por la gestión anterior, que seguirá pesando sobre las cuentas municipales en 2026.

Facultades especiales y debate de fondo

Otro punto polémico fue la ratificación de las facultades delegadas al Ejecutivo, que permiten reasignar partidas sin pasar por el recinto. La concejala Graciela Villata advirtió que estas emergencias económicas le otorgan “superpoderes” al intendente y debilitan el rol de control del Concejo.

El debate dejó expuestas dos visiones opuestas de ciudad. Mientras el oficialismo defiende un Estado activo que intervenga y planifique, la oposición propone achicar la estructura política, eliminar áreas de control y concentrarse en servicios básicos como cloacas, alumbrado y mantenimiento urbano.

La aprobación del Presupuesto 2026 cerró la votación, pero abrió una discusión que seguirá vigente todo el año: qué Estado quiere Córdoba y cuánto está dispuesta a pagar por sostenerlo.