Nadie lo vio venir, pero el impacto fue inmediato. En pocas horas, una operación militar de Estados Unidos en Venezuela cambió el tablero político de la región y encendió una alarma que todavía sigue abierta: ¿qué dijeron los países latinoamericanos y por qué este hecho preocupa tanto?

La captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, tras una intervención militar en territorio venezolano, generó una reacción conjunta poco habitual. Los gobiernos de España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay fijaron una posición común y marcaron un límite claro frente a lo ocurrido.

La intención de este pronunciamiento fue directa: rechazar la intervención extranjera y advertir sobre sus consecuencias para la estabilidad regional. En un comunicado compartido, los seis países expresaron su “profunda preocupación” por una acción militar realizada de manera unilateral en Venezuela, algo que, según remarcaron, va en contra de normas básicas del derecho internacional.

El foco principal estuvo puesto en dos principios clave: la soberanía de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza. Para estos gobiernos, ninguna diferencia política justifica una operación militar externa que viole la integridad territorial de un país. En otras palabras, dejaron en claro que el conflicto venezolano no puede resolverse con soldados extranjeros.

También hubo una advertencia concreta sobre los recursos estratégicos del país. El comunicado alertó sobre cualquier intento de control, administración o apropiación externa de los recursos venezolanos, una referencia directa a declaraciones previas de dirigentes de Estados Unidos que habían generado tensión en la región. El mensaje fue claro: el futuro económico de Venezuela debe decidirse puertas adentro.

Más allá del rechazo a la intervención, el documento planteó una salida política. Los seis gobiernos coincidieron en que la crisis venezolana solo puede resolverse por vías pacíficas, a través del diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo. Subrayaron que cualquier proceso debe ser inclusivo y liderado exclusivamente por los propios venezolanos, sin presiones externas.

En ese sentido, remarcaron que solo un camino democrático y sostenido en el tiempo puede garantizar una solución respetuosa de la dignidad humana. La idea central fue correr el eje de la lógica militar y volver a poner la política como herramienta principal para destrabar el conflicto.

El comunicado también recuperó un principio histórico de la región: América Latina y el Caribe como zona de paz. Los países firmantes recordaron que la no intervención y la solución pacífica de controversias son pilares básicos para evitar conflictos mayores y preservar la estabilidad colectiva.

El reclamo llegó al plano internacional. España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay pidieron la intervención de la ONU y de su secretario general, António Guterres, para desescalar la situación y evitar una escalada de tensión. El mensaje final fue contundente: lo que pase en Venezuela no es un asunto aislado y puede afectar a toda la región si no se encauza por vías pacíficas.