Hay una pregunta que hoy se repite en Junín y que explica por qué la tensión política no para de crecer: ¿por qué una tasa a los combustibles generó una pelea abierta entre oficialismo y oposición, incluso dentro de los mismos espacios? La respuesta no es simple, pero entenderla ayuda a leer mejor lo que está pasando en el Concejo Deliberante.

El eje del conflicto es el cobro de una tasa a los combustibles, un tributo municipal que impacta de forma directa en el precio que pagan los vecinos cada vez que cargan nafta o gasoil. La discusión se da en un contexto político particular: Junín está gobernado de manera interina por Juan Fiorini, dirigente del PRO que reemplaza en la intendencia al senador provincial Pablo Petrecca.

En el Concejo Deliberante de Junín, los concejales de La Libertad Avanza acompañan la Tasa a los Combustibles.
Una decisión que contradice el discurso nacional de baja de impuestos.
Los hechos importan.@JMilei @LuisCaputoAR @GordoDan_ @MAdorni @GordosDelCielo #Junin #Impuestos

— Frente Renovador Junín (@FRjunin_fp) January 7, 2026

La polémica escaló cuando un sector de La Libertad Avanza, encabezado por la concejala Rocío Cayzac, confirmó un acuerdo con el oficialismo para acompañar la propuesta del Ejecutivo en el Concejo Deliberante. Ese respaldo encendió críticas inmediatas, sobre todo desde el Frente Renovador, que cuestionó a los libertarios por avalar un impuesto que, según remarcan, va en contra del discurso nacional de baja de impuestos que impulsa el presidente Javier Milei.

Desde ese espacio sostienen que apoyar la tasa a los combustibles contradice lo que La Libertad Avanza plantea a nivel país, donde se insiste en reducir la presión fiscal y aliviar el bolsillo de los ciudadanos. Para el Frente Renovador local, el tributo termina afectando a trabajadores, comerciantes y familias que ya enfrentan aumentos constantes.

Sin embargo, la interna libertaria no terminó ahí. La concejala Belén Veronelli, referente de La Libertad Avanza Oficial, tomó una postura pública y diferenciada. Rechazó de manera tajante el artículo 38 de la ordenanza municipal y afirmó que los servicios esenciales, como la luz, el gas y los combustibles, no deben ser utilizados como herramientas de recaudación municipal. En un mensaje contundente, aseguró que no está dispuesta a negociar principios, aun cuando eso le haya generado conflictos internos dentro de su propio espacio.

A la discusión también se sumó la senadora provincial Valeria Arata, quien volvió a pedirle al Ejecutivo municipal la eliminación del tributo. Según explicó, se trata de un gravamen que impacta de forma directa en la economía cotidiana de los vecinos de Junín y en distintos sectores productivos y laborales de la ciudad.

Arata remarcó que la tasa afecta a todas las familias que circulan por la ciudad y sostuvo que su eliminación no generaría un desbalance en las cuentas municipales. Incluso precisó que el monto recaudado, estimado en más de 317 millones de pesos, no sería determinante dentro de un presupuesto municipal de gran escala.

Así, la tasa a los combustibles en Junín se convirtió en mucho más que una discusión técnica: expuso internas políticas, contradicciones discursivas y una disputa de fondo sobre quién termina pagando el ajuste. Un debate que, lejos de cerrarse, promete seguir sumando capítulos.