Arranca una pelea silenciosa, pero de alto impacto, que puede cambiar el reparto de miles de millones de pesos en todo el país. Lo que hoy parece un artículo técnico, en realidad es una bomba para las provincias. Y varios gobernadores ya lo vieron venir.

Gildo Insfrán, Sergio Zillioto, Gustavo Melella y Martín Llaryora empezaron a mover fichas para frenar el artículo 191 de la reforma laboral impulsada por Javier Milei. El motivo es claro: ese punto reduce la alícuota de Ganancias que pagan las empresas y achica fuerte la recaudación que luego se reparte entre las provincias.

La alarma se encendió en diciembre, cuando el diputado entrerriano Guillermo Michel difundió un informe técnico con números concretos. Allí advierte que el proyecto “modifica la escala del impuesto a las Ganancias de las sociedades” y que el efecto directo es una menor recaudación nacional y, por lo tanto, menos plata coparticipable para los distritos.

Según ese documento, el beneficio fiscal equivale a 0,3 puntos del PBI y queda concentrado en apenas 144 grandes empresas. En otras palabras: pocos ganan mucho y las provincias pierden recursos clave para sostener servicios básicos como salud, educación y seguridad.

El impacto no es menor. Michel calcula que, si el artículo 191 se aprueba tal como está, la Nación dejaría de girar a las provincias unos 1,7 billones de pesos. La pregunta que empezó a circular en los despachos provinciales es simple y directa: ¿quién cubre ese agujero?

La reacción política fue inmediata. Gobernadores peronistas y no peronistas consultaron a sus equipos económicos para medir el golpe. La discusión de la reforma laboral, que Patricia Bullrich planeaba acelerar, tuvo que postergarse por falta de apoyo en el Senado.

En ese clima, ministros de Economía provinciales como Jorge Ibáñez (Formosa), Guido Bisterfeld (La Pampa) y funcionarios de Tierra del Fuego analizaron el informe y coincidieron en el diagnóstico: el recorte es demasiado grande.

Los números por provincia explican el malestar. Buenos Aires sería la más perjudicada, con una pérdida anual de 366.557 millones de pesos. Córdoba resignaría 145.240 millones, Santa Fe 148.698 millones, Mendoza 70.891 millones, Formosa 58.788 millones, La Pampa 32.852 millones y Tierra del Fuego 22.478 millones. Misiones también perdería más de 57.000 millones.

El rechazo no distingue colores políticos. Incluso gobernadores que acompañaron al oficialismo reconocen en privado que es muy difícil sostener ese artículo. “Así no pasa”, admitió un dirigente del norte.

Mientras Diego Santilli se prepara para salir a negociar apoyos, en el Congreso ya circula un pronóstico casi unánime: el artículo 191 tiene los días contados. La pelea recién empieza, pero el mensaje de las provincias es claro: sin recursos, no hay gobernabilidad.