Hay una pregunta que empieza a correr fuerte en Córdoba y que va a marcar el clima político del verano: ¿hasta dónde puede escalar el conflicto entre el gobernador y los gremios estatales por la reforma previsional? La respuesta todavía no está cerrada, pero las primeras señales muestran que la pelea recién empieza.

El final de 2025 dejó un choque directo entre Martín Llaryora y los gremios estatales por la llamada reforma previsional, también conocida como ley de equidad jubilatoria. Lejos de enfriarse con el inicio de 2026, la tensión creció y ahora suma un nuevo frente: la Justicia.

En la primera semana hábil del año, los gremios se mostraron unidos y ratificaron que van a avanzar con presentaciones judiciales contra la reforma previsional. Incluso, desde Tribunales empezaron a aparecer algunos gestos favorables a los amparos, algo que encendió las alarmas en el Centro Cívico.

El conflicto no solo enfrenta al gobierno provincial con los sindicatos. También se mezcla con la interna política. Sectores opositores a Martín Llaryora, como juecistas y radicales cercanos a Rodrigo de Loredo, acompañan el reclamo gremial, aun cuando a nivel nacional son aliados del presidente Javier Milei. Una paradoja que en El Panal miran con atención.

La ley impulsada por Llaryora fue aprobada en diciembre en la Legislatura Unicameral y el propio gobernador la presentó como una corrección a errores de gestiones anteriores en la Caja de Jubilaciones. Pero para los gremios, la reforma previsional recorta derechos y abre la puerta a más ajustes.

Según admiten desde el propio gobierno, el primer trimestre del año será clave. La estrategia oficial apunta a desgastar a las conducciones sindicales, dialogar directamente con las bases y responder en la Justicia a cada presentación. “De acá a marzo va a haber tensión, reclamos judiciales y mucho trasfondo político”, reconoció un funcionario provincial tras una reunión de la mesa multisectorial de gremios.

Del lado sindical, el plan es claro: nacionalizar el conflicto, llegar a la Corte Suprema y presentar un amparo colectivo una vez que termine la feria judicial. En el gobierno saben que el recorrido judicial podría terminar en el Tribunal Superior de Justicia, aunque puertas adentro hay moderado optimismo sobre el resultado.

Otro punto sensible es la interna de los gremios. El oficialismo provincial observa de cerca a los sindicatos que renuevan autoridades este año y a los que irán a elecciones en 2027. La lectura es simple: la pelea por la reforma previsional también se juega puertas adentro del sindicalismo.

En paralelo, el gobierno prepara una ofensiva comunicacional. El mensaje a los afiliados será que la ley beneficia a la mayoría y que solo un grupo reducido de dirigentes busca voltearla. Ese discurso ya empezó a circular, especialmente en sectores como el docente.

Con un escenario nacional poco favorable a los reclamos gremiales y sin respaldo desde la Casa Rosada, los sindicatos enfrentan un contexto complejo. Así, el 2026 arranca con un conflicto abierto entre Martín Llaryora, los gremios y la reforma previsional, una disputa que promete marcar la agenda política cordobesa en los próximos meses.