Algo no cierra. Las cámaras estaban ahí desde hace años, pero nadie las había visto. Estaban ocultas, conectadas a la red eléctrica y apuntando a los lugares más sensibles del poder provincial. La pregunta que hoy recorre la Casa de Gobierno de Entre Ríos es simple y perturbadora: ¿quién las puso y para qué?

La investigación interna y judicial avanza sobre una hipótesis cada vez más firme: las cámaras denunciadas habrían sido instaladas durante el primer mandato de Gustavo Bordet (2015–2019). Y si eso se confirma, el responsable político sería Edgardo Kueider, por entonces secretario General de la Gobernación.

Qué se sabe sobre las cámaras encontradas

Los elementos objetivos son claros. Las cámaras halladas recientemente por la Policía de Entre Ríos están ubicadas en los mismos lugares donde, años atrás, Edgardo Kueider había ordenado instalar un sistema de videovigilancia: la antesala de su oficina, su despacho, el despacho del Gobernador y el pasillo que conecta ambos espacios.

No es un dato menor. Esos mismos dispositivos habrían registrado imágenes que luego se difundieron públicamente, donde se veía al exfuncionario con dinero en efectivo y en situaciones personales comprometedoras. Ese material fue secuestrado en un allanamiento ordenado por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien investiga a Kueider por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

En el procedimiento actual se encontraron tres equipos. Son antiguos, con tecnología que remite al menos a 2017. Estaban camuflados dentro de falsas carcasas de sensores de movimiento, otro detalle que coincide con el modo de instalación original. Un testigo presencial confirmó que así se ocultaron cuando se colocaron por primera vez.

¿Están activas o no?

Según fuentes oficiales, las cámaras seguían conectadas a la electricidad y el cableado estaba embutido en las paredes. Estos dispositivos no funcionan solos: necesitan un DVR para grabar. Ese equipo ya no está en el lugar donde había sido instalado, por lo que en principio no estarían operativas.

Sin embargo, la sospecha sigue abierta. Especialistas policiales señalaron que podrían adaptarse fácilmente para transmitir por wifi con un agregado mínimo. Además, una de las cámaras tiene un cable extra cuyo destino aún no fue localizado. Eso abre la posibilidad de que alguna siga activa.

El trasfondo político y judicial

En la actual gestión provincial el malestar es total. Un funcionario lo resumió con crudeza: “Es como si nos hubieran dejado un Caballo de Troya”. La idea de que nadie haya sido informado sobre cámaras y micrófonos en despachos clave genera desconfianza y alarma institucional.

El Gobierno inició dos caminos: un sumario administrativo a cargo de la Fiscalía de Estado y una denuncia penal que quedó en manos del fiscal Santiago Alfieri. El propio Alfieri fue claro: la investigación no se va a cerrar solo porque el sistema sea antiguo o esté fuera de uso. “La trascendencia institucional obliga a agotar todas las hipótesis”, afirmó.

Repercusiones políticas

La denuncia provocó reacciones en todo el arco político. El gobernador recibió el respaldo del Gobierno nacional, expresado públicamente por el ministro Diego Santilli. Desde la oposición, el PJ entrerriano también repudió cualquier forma de espionaje, aunque marcó reparos sobre el tiempo transcurrido hasta el hallazgo.

Lo cierto es que la pregunta inicial sigue sin respuesta definitiva. Y mientras no la tenga, la intriga permanece: ¿qué más vieron esas cámaras y quién podía mirar?