Hay un dato que, a simple vista, parece técnico. Pero detrás se esconde una jugada de poder que mezcla fútbol, Justicia y política. ¿Por qué un juez fue corrido de una causa sensible y quiénes se beneficiaron con ese movimiento? Esa es la pregunta que empezó a circular en Tribunales y que explica lo que pasa hoy con la causa AFA.

El foco está puesto en Pablo Toviggino, uno de los hombres más influyentes de la Asociación del Fútbol Argentino y tesorero del organismo. La investigación por lavado de dinero que lo rodea se vincula a una mansión ubicada en Pilar, valuada en unos 17 millones de dólares. Ese inmueble quedó en el centro de una causa judicial que, en las últimas horas, cambió de rumbo.

La Cámara Federal de San Martín decidió apartar al juez Marcelo Aguinsky, quien venía investigando el caso. Aguinsky es conocido por su cercanía con Patricia Bullrich, un dato que dentro de la AFA generaba preocupación. El desplazamiento no fue menor: implica sacar del expediente a un magistrado considerado incómodo para la dirigencia del fútbol.

Este movimiento no ocurre en el vacío. Días antes, LPO había anticipado un acuerdo político-judicial entre Daniel Angelici y Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA. Angelici, histórico operador judicial y empresario del juego, controla Betano, una plataforma de apuestas online que, de manera llamativa, pasó a auspiciar la Copa Argentina y los torneos de Liga organizados por la AFA.

La primera consecuencia concreta de ese entendimiento fue el cambio de juez. La Cámara resolvió que Aguinsky no era competente y trasladó la causa al juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, con jurisdicción sobre Pilar, donde está la mansión investigada.

El pedido para mover el expediente fue presentado por Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, señalados como presuntos testaferros de Pablo Toviggino. Ese dato es clave: no fue una decisión de oficio, sino una estrategia defensiva dentro de la causa AFA.

El fallo fue firmado por el juez Alberto Lugones, un magistrado con fuertes vínculos con el peronismo y buena relación con Axel Kicillof. Este detalle no es menor. El gobernador bonaerense tiene una relación fluida con Tapia y avaló, tiempo atrás, el cambio de domicilio legal de la AFA a la provincia para evitar el control de la IGJ.

El otro juez de la Cámara, Néstor Pablo Barral, cercano a Angelici, debía intervenir, pero extendió su licencia y dejó la resolución en manos de Lugones. En Tribunales, ese gesto no pasó desapercibido.

Del otro lado, el desplazamiento de Aguinsky fue leído como un golpe político para Patricia Bullrich, que veía en esa causa una forma de incomodar a la conducción del fútbol y, en especial, a Tapia, enfrentado con el gobierno de Javier Milei.

Más allá de los tecnicismos legales, el mensaje es claro: la causa AFA no solo se discute en los expedientes, sino también en las relaciones de poder. Y el cambio de juez dejó en evidencia que, cuando se cruzan fútbol, negocios y política, nada es casual.