Arrancó con una pregunta que todavía no tiene respuesta clara: ¿por qué una compra millonaria de tecnología para seguridad quedó frenada cuando ya parecía encaminada? Ese es el punto que hoy buscan entender muchos cordobeses, y también quienes siguen de cerca cómo se usan los fondos públicos.
El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba decidió no autorizar una licitación impulsada por el Ministerio de Seguridad para comprar equipamiento tecnológico, entre ellos Drones, con un costo cercano a los 7 millones de dólares. El motivo central: el proceso no garantizaba competencia ni transparencia.
El expediente cuestionado reunía 29 contrataciones distintas en un solo renglón. En una misma compra se incluían drones, antenas, software, vehículos, sistemas de reconocimiento facial y capacitación. En la práctica, esto obligaba a que una sola empresa pudiera ofrecer todo el paquete completo.
Para el Tribunal, esa forma de contratar cerró la puerta a muchas firmas especializadas que podrían haber competido en partes del proceso. El resultado fue claro: hubo un único oferente.
La licitación estaba preadjudicada desde septiembre de 2025 a la UTE Vantac SAS–Huinoil SA. El presidente del organismo de control, Beltrán Corvalán, fue directo: calificó el procedimiento como un “traje a medida” y advirtió que el expediente estaba “flojo de papeles” para autorizar un gasto de semejante magnitud.
Desde la oposición sostienen que el pliego fue diseñado de manera excluyente. Según explican, si la compra se hubiera dividido en varios renglones, el Estado podría haber recibido más ofertas y mejores precios. Para graficarlo, usaron una comparación simple: “es como querer comprar café y lapiceras juntos, sin opción de elegir”.
El Ejecutivo provincial defendió la decisión. Argumentó que, en tecnología de seguridad, todo debe funcionar de manera integrada para evitar fallas. También señalaron que la falta de experiencia local justifica contratar un sistema “llave en mano”, con un único responsable.
La licitación apuntaba a crear la División Svant, con 15 unidades aéreas de alta complejidad, más equipamiento terrestre y sistemas de control. Todo ese plan quedó en suspenso tras la observación de los vocales opositores del Tribunal.
El conflicto no terminó. El Tribunal de Cuentas evalúa judicializar el caso si se insiste con procesos similares. Para destrabar la situación, se propuso lanzar una nueva licitación, pero esta vez con los renglones separados. Otra alternativa que se mencionó es usar partidas de gastos reservados, una opción que también genera debate.