Arrancó como un conflicto laboral más, pero terminó exponiendo una trama que incomoda al poder político, al empresarial y a las fuerzas de seguridad. ¿Por qué había gendarmes frente a una fábrica sin orden judicial? Esa es la pregunta que todavía no tiene una respuesta clara y que mantiene en vilo a los trabajadores de Lustramax y a buena parte del arco político.

La senadora provincial Florencia Arietto quedó en el centro de la escena tras intervenir en el conflicto gremial de la empresa Lustramax, ubicada en Tortuguitas. Allí, los trabajadores realizaban una asamblea contra 21 despidos cuando apareció la Gendarmería. La presencia de efectivos federales generó alarma: no había orden de desalojo ni pedido formal del Poder Judicial.

Según relató el delegado Leandro Gómez, integrante de la comisión interna, uno de los directivos de la empresa habría admitido que “la Casa Rosada se comprometió a mandar gendarmes para romper la asamblea y sacar a los trabajadores”. El dato no es menor: el Ministerio de Trabajo bonaerense había dictado la conciliación obligatoria por 15 días el 19 de enero, lo que vuelve irregular cualquier intento de intervención represiva.

El conflicto escaló al plano político. La diputada Myriam Bregman denunció públicamente un supuesto “modus operandi” que incluye el uso de fuerzas federales en conflictos privados, y señaló a Florencia Arietto como una de las figuras clave. Además, presentó un pedido de informes en el Congreso para que el Ejecutivo explique si habilitó el despliegue de gendarmes sin solicitud judicial ni administrativa. La iniciativa fue acompañada por legisladores de izquierda y también por referentes del peronismo.

La gravedad del episodio quedó expuesta cuando el fiscal Jaime García dejó constancia oficial de que el Ministerio Público no había convocado a ninguna fuerza federal. Aun así, al cierre de la jornada, seguían apostadas dos camionetas y un móvil de Gendarmería en la puerta de la planta.

Arietto no es ajena a este tipo de conflictos. Interviene a través de Halconar, una empresa vinculada a su entorno familiar, que ofrece asesoramiento legal y servicios de “seguridad” a compañías en disputa con sus trabajadores. Distintas fuentes coinciden en que su estrategia suele ser judicializar los reclamos y llevarlos al plano penal, aunque muchas veces las causas terminan en la Justicia laboral, con fallos favorables a los empleados.

Este no es un caso aislado. Arietto ya había participado en conflictos como Lácteos Vidal, Vicentín y disputas sindicales en Mataderos y Cañuelas. En varios de esos episodios, las denuncias penales no prosperaron y las empresas debieron reincorporar trabajadores o llegar a acuerdos.

El caso Lustramax vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo: hasta dónde puede llegar la intervención del Estado, y de las fuerzas de seguridad, en conflictos entre privados. Mientras tanto, la pregunta inicial sigue abierta y los trabajadores esperan respuestas claras.