Hasta octubre de 2008, Florencia Arietto era una abogada prácticamente desconocida fuera de su círculo profesional. Nacida en Salto, criada en una familia marcada por la persecución política durante la dictadura —su padre fue militante sindical-montonero— y formada en la universidad pública, su primera gran irrupción pública llegó en la Televisión Pública, durante el kirchnerismo, como panelista del programa 678.

Allí se presentó como defensora de Brian Barrera, un menor involucrado en un crimen que reavivó el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad, una bandera que hoy Arietto impulsa desde el extremo opuesto del arco político. En aquel entonces denunciaba, frente a cámaras, el uso de menores pobres como “mano de obra delictiva” por parte de la Policía Bonaerense, y defendía una mirada garantista del sistema penal.

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De los derechos humanos a la “mano dura”

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Durante esos años, Arietto también representó a víctimas del terrorismo de Estado y participó del documental Milagros no hay, donde acompañó a trabajadores de Mercedes Benz perseguidos durante la dictadura. Su vínculo con el entonces secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, fue estrecho, aunque no exento de desconfianza.

Su salto definitivo a la política llegó de la mano de Rafael Bielsa, combinando discurso académico —citaba a Raúl Zaffaroni— con una estrategia clara de instalación mediática. Fundó la ONG Arde la Ciudad, orientada a reformas penales y políticas de contención carcelaria, aunque un conflicto interno la dejó como única dueña de la marca.

 

 

 

 

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Primeros cargos y vínculos con el Estado

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Arietto fue asesora legislativa, funcionaria del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Nilda Garré y promotora de los foros ciudadanos de control policial. En ese ámbito conoció a su actual esposo, Federico Jakimowicz, trabajador estatal que años después sería despedido y reaparecería junto a ella en programas televisivos denunciando persecución política.

En paralelo, comenzó a construir su perfil como “experta en seguridad”, lo que la llevó a ser contratada en 2012 por el Club Independiente para intervenir en conflictos con la barra brava. La experiencia terminó de manera caótica, con una interna aún más violenta y el club descendiendo a la B Nacional.

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Del massismo al macrismo sin escalas

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En 2015, Arietto criticó duramente a Sergio Massa por “usar el miedo” como estrategia política. Poco después, se sumó al Frente Renovador. Más tarde, con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia, abandonó su discurso garantista y se convirtió en una férrea defensora de la doctrina Chocobar, integrando el equipo de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad.

En televisión llegó a afirmar que “los menores en las villas tienen AK-47”, una frase que marcó su viraje definitivo hacia la mano dura. Sin embargo, incluso dentro del macrismo protagonizó tensiones públicas, como sus críticas iniciales por el caso Santiago Maldonado.

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El episodio de la Bonaerense y las sospechas

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Uno de los momentos más controvertidos ocurrió el 6 de septiembre de 2020, cuando Arietto anticipó en TN una posible protesta de la Policía Bonaerense. Horas después, efectivos armados rodearon la Quinta de Olivos en un hecho que rozó la sedición. Cómo obtuvo esa información sigue siendo una pregunta sin respuesta.

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De Juntos por el Cambio a La Libertad Avanza

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En 2023, Arietto fue electa senadora provincial por la Tercera Sección Electoral en la lista de Juntos por el Cambio, pero apenas tres meses después se pasó al bloque de La Libertad Avanza. Desde allí endureció aún más su discurso: habló de gobernar la provincia con “sangre, sudor y lágrimas” y de “entrar con metra” a los territorios.

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Halconar, MEAB y los conflictos laborales

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En 2021, su esposo fundó Halconar S.A., una empresa de asesoría en seguridad, de la cual Arietto figura como directora titular. Según registros oficiales, la firma declara menos empleados de los que la propia senadora menciona públicamente, un dato que abre interrogantes.

Halconar aparece vinculada a múltiples conflictos laborales en PBA y el país, con una metodología recurrente:

• Judicialización penal de reclamos gremiales

• Mediatización del conflicto

• Intervención de fuerzas de seguridad

• Denuncias por prácticas rompehuelgas

A esto se suma el MEAB (Movimiento Empresarial Antibloqueos), una organización creada por Arietto cuya autorización fue denegada por la IGJ en 2023, por considerar que su objeto colisiona con el derecho constitucional de huelga.

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Casos emblemáticos y denuncias

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Entre los conflictos más resonantes se encuentran:

• Lácteos Vidal (Moctezuma): despidos masivos, causas penales y vínculos empresariales bajo investigación por narcotráfico.

• Vicentín SAIC: amenazas públicas a dirigentes sindicales.

• Química Oeste (Esteban Echeverría): judicialización de reclamos gremiales, con fallo final favorable a la empresa.

• Energen (Puerto de Bahía Blanca): denuncias por uso de policías armados como rompebloqueos sin autorización judicial.

En varios de estos episodios surgió una pregunta central: ¿quién autoriza el uso de fuerzas federales o de seguridad en conflictos privados donde interviene una senadora provincial?