La Justicia federal dio un paso decisivo en una de las causas de corrupción más sensibles del último tiempo. El juez Sebastián Casanello resolvió procesar a Diego Spagnuolo, exfuncionario de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y a otras 18 personas, tras dar por probada la existencia de una asociación ilícita dedicada a direccionar contrataciones públicas para obtener ganancias millonarias.

El procesamiento quedó plasmado en un extenso documento de más de 300 páginas, que ratifica la investigación llevada adelante por el fiscal Franco Picardi. El expediente se inició en agosto del año pasado, luego de una investigación periodística publicada por Data Clave y Carnaval Stream, que expuso maniobras irregulares en la compra de medicamentos e insumos.

Según el fallo, la organización estaba integrada por funcionarios públicos y empresarios, que actuaban de manera coordinada para manipular licitaciones, simular competencia entre oferentes y garantizar pagos a empresas vinculadas.

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Funcionarios, empresarios y un sistema de retornos

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Casanello fue contundente al describir el mecanismo delictivo. En su resolución sostuvo que existió una “confusión de intereses públicos y privados”, donde los segundos terminaron desplazando por completo a los primeros.

Entre los funcionarios de la ANDIS involucrados mencionó a Diego Spagnuolo, Daniel Garbellini, Diego D’Giano, Eduardo González, Roger Grant y Lorena Di Giorno. Del lado de los particulares, el juez identificó a Pablo Atchabahian, Miguel Calvete, Federico Santich, Andrés Arnaudo, Patricio Rama, Silvana Escudero, Alejandro Fuentes Acosta, Luciana Ferrari, Guadalupe Muñoz, Patricia Canavesio, Ruth Lozano, Ornella Calvete y Julio Viera.

El fallo detalla que los actores privados intervenían en decisiones internas del organismo como si fueran funcionarios:

• Accedían a información reservada

• Utilizaban usuarios del sistema interno de la ANDIS

• Gestionaban el ingreso y exclusión de empresas proveedoras

• Incidían en adjudicaciones y pagos

Todo el esquema se cerraba con un sistema de retornos, destinado a recompensar a los funcionarios que facilitaban las maniobras.

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Spagnuolo, jefe de la asociación ilícita

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El juez procesó a Diego Spagnuolo por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación agravada contra la administración pública nacional y cohecho pasivo, además de considerarlo jefe de la asociación ilícita.

La misma calificación penal recayó sobre Miguel Calvete y Daniel Garbellini. En todos los casos, Casanello dispuso embargos superiores a los 200 mil millones de pesos, una cifra que refleja la magnitud económica del daño investigado.

Según el fallo, una vez dentro del Estado, Spagnuolo y Garbellini “abrieron las puertas de la ANDIS a agentes externos” y ubicaron personas afines en áreas estratégicas para garantizar el direccionamiento de las contrataciones, con sobreprecios significativos y simulación de competencia.

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El rol de Ornella Calvete y el dinero encontrado

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Uno de los puntos más sensibles del expediente involucra a Ornella Calvete, hija de Miguel Calvete, quien se desempeñaba en un alto cargo del Ministerio de Economía de la Nación.

Casanello sostuvo que no solo conocía el esquema delictivo de su padre, sino que participaba activamente, aportando información, contactos y facilitando nuevos negocios, incluso a través de la firma Profarma.

El dato más impactante surgió durante un allanamiento en su domicilio, donde se secuestraron importantes sumas de dinero en efectivo:

• USD 695.457

• $19.996.200

• €1.960

Para el juez, el origen de esos fondos estaría directamente vinculado a las maniobras investigadas.

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“Fondos para los más vulnerables, usados para enriquecerse”

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En uno de los tramos más duros del fallo, Casanello subrayó el impacto social del caso. Recordó que la ANDIS fue creada para garantizar derechos básicos a personas con discapacidad, madres de más de siete hijos y mayores de 70 años en situación de pobreza.

“Una agencia pensada para asegurar derechos esenciales se convirtió en una oportunidad de rápido enriquecimiento ilícito”, afirmó el magistrado, al describir cómo los fondos públicos destinados a políticas sociales fueron desviados para beneficio personal.