La inflación de enero cerró en 2,9%, un registro alto que confirma una tendencia preocupante: el Índice de Precios al Consumidor acumula ocho meses consecutivos de suba, lejos de cualquier proceso de desinflación. El dato es especialmente sensible para el Gobierno nacional, que había apostado fuerte a instalar un relato de desaceleración sostenida.
El número oficial terminó siendo más alto que el 2,5% anticipado días antes por el propio ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien había intentado anticipar el dato en un movimiento que terminó agravando la crisis de credibilidad. La inflación no solo no bajó: volvió a acelerarse.
En la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda el principal temor era que el índice comenzara con 3, una barrera simbólica que finalmente se evitó por apenas una décima, sin lograr amortiguar el impacto político.
La polémica se profundizó luego de que se conociera que el Gobierno decidió no publicar el nuevo índice de precios que estaba en elaboración en el Indec, una actualización metodológica anunciada meses atrás. Según revelaciones periodísticas previas, la nueva medición proyectaba una inflación de entre 3,2% y 3,4% para enero.
Ese dato fue determinante para que Javier Milei y Toto Caputo frenaran su publicación. El episodio derivó en la renuncia de Marco Lavagna, en un contexto que dejó seriamente dañada la credibilidad del organismo estadístico.
Desde el Ministerio de Economía se intentó justificar la decisión asegurando que el nuevo índice hubiese dado incluso una décima menos que el actual. Sin embargo, analistas coinciden en que, debido a la mayor ponderación de los servicios, el resultado habría sido más alto, no más bajo. El 2,9% con el índice viejo terminó confirmando esas advertencias.
El Gobierno sostiene que el brutal ajuste aplicado se justifica en el objetivo estratégico de llevar la inflación a niveles regionales, en torno al 5% anual. Sin embargo, para que exista un proceso de desinflación, la inflación debe bajar, no subir ni acelerarse, como ocurrió nuevamente en enero.
La intervención política sobre el Indec, sumada a la filtración anticipada de un dato incorrecto, violó el secreto estadístico y generó una señal de incertidumbre total hacia el mercado y la sociedad.
Uno de los datos más alarmantes del informe de enero fue el aumento del rubro alimentos, que trepó al 4,7% a nivel general. El golpe es directo sobre los sectores de menores ingresos y anticipa un nuevo deterioro de la canasta de pobreza.
La situación fue aún más grave en el Conurbano bonaerense, donde los alimentos subieron 5,5%, casi el doble del promedio general de inflación. Este punto desarma otro de los argumentos del oficialismo, que intentó atribuir la suba de precios a factores estacionales.
En ese sentido, el índice de CABA, que marcó 3,1%, fue explicado por voceros libertarios como un efecto del turismo y los precios de temporada. Sin embargo, el peso de los alimentos y la inflación núcleo vuelve endeble esa justificación.