La contratación de cursos de inglés por parte de la Cancillería argentina volvió a quedar bajo la lupa. Esta vez, por una adjudicación directa que le costó al Estado más de $114 millones y benefició a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad presidida por la esposa del actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado.
El dato que encendió las alarmas es que para 2026 el Gobierno prevé 132 alumnos, una cifra 13 veces superior a la de 2024, cuando el propio Ministerio había informado que solo 10 personas tomaron los cursos. En ese entonces, Sturzenegger aún no era ministro.

La operación se realizó mediante el mecanismo de “Adjudicación Simple por Especialidad”, sin convocatoria a licitación pública, a pesar del volumen del gasto. La decisión ya motivó una denuncia penal y suma cuestionamientos que también alcanzan al canciller Pablo Quirno.
Según consta en Comprar, la plataforma oficial de contrataciones del Estado, existen cinco procesos adjudicados a la AACI, todos vinculados a Cancillería. Las contrataciones comenzaron en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, y nunca se interrumpieron: 2026 será el octavo año consecutivo de prestación del servicio.
En la propuesta elevada para 2025, la propia asociación reconoce que solo 10 alumnos participaron de los cursos y atribuye la baja matrícula a una “reestructuración funcional” del organismo. Esa explicación fue difundida por la agencia Noticias Argentinas.
Sin embargo, en los registros oficiales no figura el costo detallado del programa 2025, a pesar de que el servicio se brindó. Esa falta de información alimenta las críticas sobre la transparencia del proceso.
Si se divide el monto total del contrato —$114 millones— por los 132 alumnos previstos para 2026, el Estado terminará pagando casi $864 mil por cursante. El dato contrasta con 2024, cuando el costo promedio fue de $400 mil por alumno para la misma entidad.
Tampoco está claro qué ocurrirá si la cantidad real de inscriptos vuelve a ser menor, como sucedió en los últimos años. Los pliegos no especifican mecanismos de ajuste ni cláusulas de revisión.
En su propuesta, la AACI sostuvo que es el único “centro platino” de enseñanza de inglés en la Ciudad de Buenos Aires. Esa afirmación es incorrecta: existen al menos otros dos centros con la misma acreditación en la ciudad y dos más en el resto del país.
El dato refuerza los cuestionamientos sobre la justificación utilizada para avanzar con una contratación directa, cuando había alternativas en el mercado.