La meta del juez Diego Amarante es clara: convertirse en juez de Casación. En tribunales, esa aspiración explica varias de las decisiones que adoptó en el expediente donde la ARCA actúa como querellante contra la AFA por una presunta retención indebida de impuestos y cargas por $19.000 millones, una cifra que especialistas tributarios consideran sin sustento técnico.
A esto se suma otra controversia: el magistrado habría recibido entradas para ver a la Selección Argentina a modo de presuntas “dádivas”, un punto que, de confirmarse, podría abrir un frente disciplinario y penal. El juez se desempeña actualmente como titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5, un despacho con causas de alto impacto institucional.
Según fuentes judiciales, sí existen fundamentos para observar la relación de Amarante con Andrés Vázquez, jefe de la agencia recaudadora. En tribunales hablan de “nombramientos cruzados y favores en expedientes”, un vínculo aceitado que el magistrado buscaría capitalizar como trampolín hacia la Casación.
Sin embargo, en las últimas semanas surgieron tropiezos inesperados. Obstáculos que inquietan a Amarante porque lo conectan con una causa de alto voltaje institucional: la del juez Gastón Salmain, procesado por presunto cobro de sobornos.
Salmain enfrenta imputaciones por cohecho pasivo agravado, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público, con al menos tres expedientes abiertos. En uno de ellos aparece mencionado Amarante, no como imputado directo, sino a partir de escuchas telefónicas incorporadas a la causa.
En una conversación con otro imputado, Salmain afirma:
“Eso lo tengo que consultar con Diego Amarante, que es mi socio. Lo hablo y te aviso”.
La relación entre ambos aparenta ser fluida. Se siguen en redes sociales y existen interacciones públicas, un dato menor en apariencia, pero sensible en el contexto de una investigación penal.
El juez también quedó bajo observación por su fanatismo por la Selección Argentina. En redes sociales publicó imágenes de partidos de las Eliminatorias. Lo llamativo es que, según trascendió, habría recibido entradas de un exdirigente del fútbol con cargo en AFA, gestionadas por otro juez y entregadas a Amarante.
En Viamonte —sede de la AFA— aseguran que están identificados quién entregó las entradas, quién las solicitó y qué miembro de la Justicia actuó como intermediario. Incluso entenderían que podrían aportar información si un magistrado decide investigar de oficio.
$19.000 millones: monto cuestionado en la causa ARCA-AFA.
Escuchas telefónicas: mencionan a Amarante como “socio”.
Entradas a la Selección: bajo sospecha de dádivas.
Objetivo de fondo: la proyección del juez hacia la Casación.
A fines del año pasado, el Juzgado Federal N° 4 de Rosario procesó con prisión preventiva —sin detención efectiva por sus fueros— a Salmain. Se lo acusa de haber armado una resolución judicial para habilitar la salida al exterior de USD 10 millones mediante un fideicomiso, en una maniobra que involucró al empresario Fernando Whpei y al intermediario Santiago Busaniche.
La causa se originó tras una demanda de Attila Fideicomiso SRL contra el Banco Central, con el objetivo de acceder al Mercado Único y Libre de Cambios. Para la Justicia, la resolución fue diseñada para beneficiar a privados a cambio de un retorno ilícito estimado en USD 200.000.
Whpei se acogió a la Ley 27.304 (Ley del arrepentido) y amplió su declaración. La semana pasada, Salmain contraatacó con una denuncia en Comodoro Py contra el empresario. El expediente recayó en el juzgado de María Servini, con intervención del fiscal Carlos Rívolo.
Este nuevo giro encendió alarmas en el entorno de Amarante. El temor es que las escuchas vuelvan al centro de la escena y afecten su proyección hacia la Casación. En tribunales advierten que un juez denunciando a presuntos socios para salvarse puede abrir frentes inesperados.
Lo cierto es que la magistrada a cargo conoce el contenido de las grabaciones y el nombre de Amarante figura en ellas. Y él lo sabe.