La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata resolvió en las últimas horas declarar nula en su totalidad la “Tasa por Servicios Esenciales” impulsada por el Ejecutivo municipal de Azul. El gravamen obligaba a los productores rurales a pagar hasta un litro de gasoil por hectárea, una medida que había generado un conflicto abierto con el sector agropecuario del distrito.

La decisión judicial hizo lugar al recurso de apelación presentado por los productores rurales, revocando de manera sustancial el fallo de primera instancia, que solo había declarado ilegítimo el 50% del monto liquidado. Con este nuevo pronunciamiento, la Justicia estableció que la ilegitimidad alcanza al 100% de lo cobrado.

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Qué resolvió la Cámara de Apelación

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En su resolución, los jueces Roberto Daniel Mora y Diego Fernando Ucín determinaron que la inexigibilidad del tributo debe aplicarse sobre la totalidad de las partidas inmobiliarias rurales involucradas.

El tribunal consideró válido el argumento central de los demandantes: la invalidez del procedimiento de aprobación de las ordenanzas 4909/2023 y 4910/2023, que habían dado origen a la tasa cuestionada.

Además, se dispuso que las costas del proceso sean afrontadas por el municipio, lo que implica un impacto económico adicional para la administración local, más allá de la devolución del dinero recaudado.

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El origen del conflicto con el campo

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La disputa judicial comenzó hace dos años, cuando productores nucleados en la Sociedad Rural de Azul impulsaron una demanda colectiva contra el Municipio.

La ordenanza establecía:

• Hasta un litro de gasoil por hectárea por mes para productores rurales

• Hasta dos litros de gasoil para frentistas urbanos

La acción judicial involucró a 190 productores, que representan cerca de 190.000 hectáreas, aproximadamente el 30% del distrito.

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Por qué la tasa fue declarada inconstitucional

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Los demandantes argumentaron que el tributo era inconstitucional porque no existía una contraprestación específica vinculada a la actividad rural. Según se expuso en la causa, lo recaudado se destinaba a financiar servicios generales como:

• Salud

• Educación

• Cultura y deporte

• Inclusión de la discapacidad

• Transporte

• Ornato, señalética y mantenimiento de espacios públicos

Para la Cámara, esa falta de relación directa entre el pago exigido y el servicio prestado fue clave para confirmar la nulidad total de la tasa.

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Impacto político en la gestión municipal

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El fallo golpea de lleno a la gestión del intendente peronista Nelson Sombra, quien gobierna Azul desde 2023 y que, en las últimas horas, fue confirmado como presidente del PJ local.

La sentencia no solo implica una derrota judicial, sino que también abre interrogantes sobre el impacto fiscal que tendrá la devolución de lo recaudado y el pago de las costas en un contexto económico delicado para los municipios bonaerenses.