En un contexto de creciente preocupación dentro del peronismo cordobés, el gobernador Martín Llaryora comenzó a sumar intendentes al gabinete provincial con una misión concreta: reordenar la gestión, contener al PJ y blindar territorios estratégicos de cara a la elección del año próximo.
La decisión se produce luego del revés electoral que sufrió el proyecto “cordobesista” con la derrota de Provincias Unidas, un resultado que encendió alarmas en el oficialismo y aceleró una reconfiguración política puertas adentro del Gobierno.
La principal incorporación se concretó este viernes con la asunción de Marcos Torres, intendente de Alta Gracia, como nuevo ministro de Desarrollo Social. Torres reemplazó a Laura Jure, identificada con el schiarettismo.
Con este movimiento, Llaryora asegura el control político del departamento Santa María, una región considerada clave en el tablero electoral de 2025, y fortalece su alianza con los hermanos Torres, ya que Facundo Torres es jefe del bloque oficialista en la Legislatura.
En las próximas horas se espera otra incorporación sensible: Agustín González, actual intendente de Cruz Alta, desembarcaría como secretario en el Ministerio de Seguridad.
González es un dirigente de extrema confianza de Daniel Passerini, con quien mantiene un vínculo personal y político de larga data. Además, ocupa la vicepresidencia del Frente Renovador en Córdoba y fue uno de los principales armadores de la candidatura de Natalia de la Sota.
Dentro del esquema de Seguridad, González deberá responder a Juan Pablo Quinteros, un ministro de alto perfil político y mediático, lo que anticipa una interna de poder que será observada de cerca.
El recurso de reforzar el gabinete con intendentes no es nuevo en Córdoba. En 2013, durante el acuartelamiento policial que puso contra las cuerdas al gobierno provincial, José Manuel de la Sota apeló a la misma fórmula.
En aquel momento, el propio Llaryora, entonces intendente de San Francisco, fue convocado como ministro de Industria. Dos años más tarde, Juan Schiaretti lo eligió como vicegobernador, consolidando una línea de sucesión política que hoy vuelve a activarse.
La reconfiguración del gabinete no se detendría con Torres y González. Todos los intendentes convocados comparten dos condiciones: no pueden ser reelectos y tienen resuelta su sucesión local, lo que facilita su salida del territorio.
En ese marco, el intendente de Capilla del Monte, Fabricio Díaz, suena para ocupar la Secretaría de Infraestructura del Ministerio de Cooperativas, una cartera que concentrará la ejecución de obra pública en el interior, incluido el tendido de gas natural.
El ministerio está conducido por Gustavo Brandan, mientras que uno de sus secretarios es Gabriel Frizza. También sería convocado Juan Pablo Vassia, reforzando el peso político del área.
En el Ministerio de Gobierno, que encabeza Manuel Calvo, podrían desembarcar Marcos Torres Cena y Martín García.
De ese espacio saldría Orlando Arduh, quien sería reemplazado por un dirigente radical alineado a la vicegobernadora Myrin Prunotto: Gustavo Benedetti.
El trasfondo es claro: el Gobierno busca frenar una eventual fuga de intendentes radicales hacia La Libertad Avanza, donde Soledad Carrizo trabaja para sumar apoyos al diputado Gabriel Bornoroni.