La interna de la Sociedad Rural Argentina se descontroló esta semana y dejó al descubierto una fuerte puja de poder en la principal entidad del agro. El conflicto enfrenta al actual presidente Nicolás Pino con su vicepresidente Marcos Pereda Born, en medio del intento de Pino por avanzar hacia un cuarto mandato, pese a que el propio estatuto limita las reelecciones a tres períodos.

El clima se volvió aún más espeso luego de que La Nación revelara la venta de unas 24 mil hectáreas de campos y miles de cabezas de ganado pertenecientes a Pereda y sus hermanos, ubicadas en Olavarría y Hipólito Yrigoyen, dentro de la Provincia de Buenos Aires.

Según esa versión, la operación se habría cerrado en torno a los 100 millones de dólares, aunque fuentes del sector consultadas por LPO sostienen que el monto real no pudo haber sido menor a 200 millones de dólares, dada la magnitud y calidad de los activos involucrados. Este punto no fue confirmado oficialmente.

Quién compró las tierras y por qué generó ruido

El comprador de los campos fue el Grupo Faro Verde, con sede en Tandil, un holding con fuerte presencia en negocios rurales, hotelería y real estate.

La cara visible del grupo es José María Larocca, empresario nacido en Suiza y criado en Argentina, con un perfil que excede largamente al agro. Larocca participó en dos Juegos Olímpicos en la disciplina de salto ecuestre y hasta 2024 fue director ejecutivo de Trafigura, una de las mayores comercializadoras mundiales de minerales y petróleo.

En el sector recuerdan que Trafigura desembarcó con fuerza en el negocio energético argentino y que Larocca mantuvo un buen vínculo con la gestión de Julio De Vido. La combinación de nombres, montos y timing político encendió especulaciones, aunque Pereda atribuyó la venta a una “decisión familiar” y evitó dar más detalles.

El comunicado que expuso la grieta institucional

El trasfondo político estalló cuando un grupo relevante de socios de la Rural difundió un duro posicionamiento contra la intención reeleccionista de Pino, quien busca continuar en el cargo con el aval de la IGJ, organismo que depende del gobierno de Javier Milei.

En el texto, los socios califican la maniobra como una “violación del estatuto” y un “retroceso institucional”, y recuerdan que fue el propio Pino quien impulsó la reforma que limitó los mandatos. “No podemos criticar a los políticos que se atornillan al poder si replicamos esas mismas prácticas”, advierten.

Lo que tenés que saber

• 24 mil hectáreas vendidas en el centro bonaerense

• Monto estimado: entre 100 y 200 millones de dólares

• Comprador: Grupo Faro Verde

• Conflicto central: cuarto mandato de Nicolás Pino

• Denuncia interna: violación del estatuto de la SRA

La respuesta de Pino y un final abierto

La reacción del oficialismo rural no tardó en llegar. A través de un comunicado de la Comisión Directiva, Pino defendió su candidatura argumentando que la reforma estatutaria no es retroactiva, ya que fue aprobada con su gestión en curso. La explicación no logró calmar los ánimos y, por el contrario, profundizó el malestar entre sectores que advierten un deterioro ético e institucional.

Por ahora, la interna sigue abierta, con una conducción cuestionada, una operación inmobiliaria bajo la lupa y una entidad histórica del agro argentino envuelta en una disputa que amenaza con escalar.