El intento de concesionar la terminal de contenedores del puerto marplatense terminó en un fracaso que reavivó críticas históricas sobre la falta de una estrategia integral para modernizar la infraestructura portuaria de la provincia de Buenos Aires. Ninguna empresa presentó ofertas, pese a que tres firmas habían comprado los pliegos, lo que dejó expuesta una licitación cuestionada por todo el sector.
La reacción fue inmediata y poco habitual: los directores de TC2, Emilio Bustamante y Alberto Ovejero, difundieron una carta abierta en la que acusaron al gobierno provincial de diseñar condiciones “para que no se haga nada” y de seguir concentrado en un perfil exclusivamente pesquero, en un contexto donde esa actividad muestra señales de declive estructural.
Desde el sector portuario sostienen que la licitación estuvo “mal armada” desde el inicio. Según explicaron fuentes del puerto, el pliego exigía inversiones millonarias —como la instalación de grúas— sin otorgar uso exclusivo del muelle, una combinación que vuelve inviable cualquier plan de negocios a mediano plazo.
El problema no es menor: sin control del muelle, la operatoria de contenedores queda sujeta a la prioridad de la flota pesquera. “Puede llegar un buque Panamax y encontrarse con el muelle ocupado por barcos poteros”, graficaron. A eso se sumó otro punto crítico: el plazo de diez años no permitiría recuperar las inversiones exigidas, lo que terminó de espantar a los interesados.
Inicialmente habían adquirido los pliegos Murchison, la chilena AgunSA y la propia TC2. Finalmente, ninguna ofertó.
Desde hace 20 años, TC2 opera bajo permisos precarios, una situación que, según la empresa, compromete la continuidad de la única naviera que hoy escala en el puerto cada 15 días, la danesa Maersk.
Hasta el año pasado también operaba CMA-CGM, pero se retiró tras el derrumbe de las proyecciones de exportación de Lamb Weston, sin alcanzar el objetivo de cuatro salidas mensuales.
“La logística funciona con contratos de mediano y largo plazo. Sin seguridad jurídica no hay inversiones, y eso genera incertidumbre en los trabajadores”, advirtieron desde TC2.
La administración del puerto depende del subsecretario de Asuntos Portuarios Juan Cruz Lucero, bajo la órbita del ministro de Producción Augusto Costa. En el ámbito portuario aseguran que la Provincia prioriza sostener un puerto pesquero antes que avanzar hacia un esquema multipropósito.
A ese escenario se suman las tensiones políticas. Desde la llegada de Kicillof, el consorcio portuario estuvo bajo influencia de La Cámpora, hoy con Marcos Gutiérrez. Voces del sector señalan que las disputas entre el axelismo y el kirchnerismo paralizan decisiones clave, en un municipio donde el PJ local ni siquiera logró lista de unidad.
La licitación de la terminal de contenedores quedó desierta.
Tres empresas habían comprado pliegos, pero ninguna ofertó.
El sector denuncia pliegos inviables y falta de previsibilidad.
La operatoria depende hoy de una sola naviera.
Alertan por pérdida de inversiones y puestos de trabajo.
En TC2 consideran que el modelo de consorcios portuarios provinciales “está agotado” y miran con expectativa el rol de la Administración Nacional de Puertos, tras su decisión de intervenir el puerto de Tierra del Fuego. “Esperamos que se abra un camino real al sector privado”, señalaron.