El empresario Leandro Camani quedó formalmente imputado por extorsión agravada en la causa judicial que investiga el funcionamiento de una presunta red dedicada a impulsar denuncias para presionar a distintos actores públicos y privados.
La decisión fue tomada por el fiscal Germán Camafreitas, en un expediente que tramita ante el juez Walter Saettone. El caso ya tenía como primer imputado al dirigente de la Coalición Cívica Matías Yofe, quien había quedado bajo la lupa por su presunta participación en el esquema.
Según la investigación, la organización habría utilizado presentaciones judiciales y mediáticas como mecanismo de presión contra empresarios, dirigentes o funcionarios para obtener beneficios o forzar determinadas decisiones.
El nombre de Camani apareció en el expediente semanas atrás por su vinculación con Yofe, lo que llevó a ampliar la investigación y analizar posibles conexiones financieras y operativas entre ambos.
Durante el avance de la causa, los investigadores comenzaron a revisar la situación patrimonial de Matías Yofe, lo que derivó en el levantamiento del secreto fiscal y bancario.
Uno de los testimonios clave fue el de un custodio policial bonaerense, asignado a Yofe tras una serie de denuncias que luego habrían resultado falsas. El agente declaró que el dirigente mantenía un nivel de vida que no coincidía con sus ingresos conocidos.
En su declaración también relató un episodio ocurrido durante la entrega de los Premios Martín Fierro, cuando Yofe habría asistido invitado por Camani a un evento realizado en el complejo Golden Center, frente al estadio de River.
El testigo indicó que:
Yofe compartió una mesa en el evento con invitados del empresario.
Camani estaba ubicado en la mesa principal del encuentro.
Ambos mantuvieron una breve conversación durante la ceremonia.
También mencionó reuniones en un edificio de Avenida del Libertador al 6300, en la Ciudad de Buenos Aires.
Según el custodio, el dirigente también mantenía encuentros con periodistas y contactos mediáticos en bares cercanos al Congreso.
Estas declaraciones impulsaron nuevas líneas de investigación para identificar personas o estructuras que podrían haber participado en las maniobras investigadas.
Otro dato incorporado al expediente fue aportado por el periodista Claudio Ponce de León, quien declaró que retiraba dinero en efectivo que Camani entregaba para financiar un programa radial de Yofe.
El espacio se emitía los sábados al mediodía en Cadena Premium bajo el nombre “HDP’S”.
De acuerdo con su testimonio:
El costo del programa era de 400 mil pesos.
Camani aportaba 200 mil pesos en efectivo.
Los otros 200 mil pesos provenían de transferencias de Yofe vinculadas a la Coalición Cívica.
El dinero era retirado personalmente por Ponce de León en distintos domicilios de la Ciudad de Buenos Aires.
Entre los lugares mencionados en el expediente figuran oficinas vinculadas a Tránsito Seguro y Red Cube, empresa organizadora de los premios Martín Fierro.
Los registros públicos del programa en YouTube muestran niveles de audiencia muy bajos, con emisiones que registran entre 3 y 37 visualizaciones.
Dentro de la causa también fue aceptado como damnificado el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, quien denunció haber sido objeto de presiones.
Según su declaración judicial, Camani le habría solicitado autorización para instalar cámaras de fotomultas en rutas, accesos y predios administrados por CEAMSE, además de reemplazar equipos existentes por nuevos sistemas.
Tapia sostuvo que, tras rechazar el pedido, comenzaron denuncias judiciales y cuestionamientos públicos impulsados por Yofe y el legislador porteño Facundo del Gaiso.
“Camani, escudándose en Matías Yofe y Facundo del Gaiso, materializa las denuncias para coaccionarme junto con periodistas. No descarto que todo sea un concierto de una asociación ilícita”, declaró el titular de la AFA.
El dirigente también sostuvo que el conflicto estaría vinculado con un negocio multimillonario relacionado con sistemas de fotomultas.
La causa continúa en etapa de investigación y no se descartan nuevas imputaciones a medida que avancen las medidas judiciales.