La licitación de la Hidrovía Paraná–Paraguay, la principal vía fluvial del comercio exterior argentino, sumó en los últimos días un giro inesperado que expuso tensiones dentro del Gobierno nacional.
El proceso, que implica un contrato de 25 años de concesión con opción de prórroga por cinco más y un negocio estimado en USD 10.000 millones, quedó reducido a una pulseada entre dos gigantes del dragado mundial: las empresas belgas Jan de Nul y DEME.
La situación se aceleró luego de que Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, recibiera en su despacho a ejecutivos de DEME, una de las competidoras en la licitación. Ese encuentro ocurrió en medio de una creciente interna en el oficialismo por el control político de uno de los contratos más estratégicos de la gestión de Javier Milei.
Tras esa reunión, la empresa brasileña DTA Engenharia, que participaba como tercera oferente, decidió retirarse del proceso al no presentar las garantías exigidas en el pliego. En ámbitos políticos y empresariales interpretaron la salida como una señal de que la compañía no tenía respaldo dentro del esquema de poder libertario.
Con la salida de la firma brasileña, la competencia quedó concentrada entre dos empresas europeas con fuerte presencia global.
Por un lado aparece Jan de Nul, la histórica operadora del sistema durante más de dos décadas. La compañía llega al nuevo proceso con varias ventajas:
Conocimiento técnico del río Paraná y su logística.
Experiencia en el sistema regulatorio argentino.
Relaciones empresariales y políticas construidas durante años en el país.
Además, en el entorno del negocio aparece el nombre del grupo Neuss, empresarios que lograron fortalecer vínculos con la compañía belga durante el último tiempo.
Del otro lado está DEME, también de origen belga, que en las últimas semanas avanzó en la construcción de su propio canal político dentro del oficialismo. Según fuentes vinculadas al proceso, ejecutivos de la empresa mantuvieron reuniones con Martín Menem en el Congreso.
Ese acercamiento le otorga a la compañía un respaldo político que podría influir en la definición de la licitación.
Detrás de la discusión empresarial aparece el verdadero peso del negocio. La hidrovía Paraná–Paraguay es la principal autopista fluvial por la que salen las exportaciones agrícolas del país, especialmente desde los puertos del Gran Rosario.
El futuro concesionario deberá hacerse cargo de:
Dragado del canal de navegación
Balizamiento y señalización
Mantenimiento de la vía navegable
Administración del sistema de peajes
Sin embargo, el poder real del contrato está en tres factores clave:
Peajes: cada dólar adicional en la tarifa que pagan los buques impacta directamente en la cadena exportadora.
Profundidad del canal: cada pie extra de dragado permite que los barcos carguen más mercadería antes de salir al océano.
Información logística: quien administra la hidrovía accede a datos estratégicos sobre los flujos de carga y el comercio exterior.
En la práctica, la concesión significa manejar el corredor por el que circula gran parte de los dólares de la economía argentina.
Mientras las empresas preparan sus ofertas técnicas y económicas, dentro del Gobierno se libra otra disputa.
La intervención del entorno de Martín Menem, respaldado políticamente por Karina Milei, es leída en el oficialismo como un avance sobre áreas vinculadas al asesor presidencial Santiago Caputo, uno de los armadores centrales del poder libertario.
Así, la definición de la licitación no solo determinará quién operará una de las infraestructuras más importantes de Sudamérica. También podría redefinir el equilibrio de poder dentro del círculo más cercano al presidente.