El exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, declaró este miércoles durante casi dos horas ante el Tribunal Oral Federal N°5 en el juicio por el programa habitacional Sueños Compartidos, una causa que investiga el presunto desvío de fondos públicos destinados a viviendas sociales.

Durante su indagatoria, Schoklender respondió preguntas de los fiscales y apuntó contra distintos funcionarios del kirchnerismo, a quienes vinculó con presuntas irregularidades en la obra pública. En el proceso judicial también están imputados el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López y el exsubsecretario Abel Fatala, entre otros acusados.

Todos llegaron a juicio oral acusados de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, con distintos grados de participación en la presunta maniobra investigada.

Lo que tenés que saber del caso

• La causa investiga el programa Sueños Compartidos, impulsado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

• La fiscalía sostiene que hubo un desvío de más de 200 millones de pesos destinados a viviendas sociales.

• Entre los acusados están Sergio y Pablo Schoklender, además de exfuncionarios nacionales.

• El juicio está a cargo del Tribunal Oral Federal N°5.

• En las próximas audiencias comenzarán a declarar testigos convocados por fiscalía y defensas.

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Schoklender apuntó contra el kirchnerismo

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En su declaración, Schoklender calificó a la obra pública como “un curro”, aunque defendió el espíritu del programa Sueños Compartidos.

Según su versión, el plan no tenía como único objetivo la construcción de viviendas. “Era construir ciudadanía”, afirmó ante los jueces.

El exapoderado también mencionó supuestos casos de corrupción en otras áreas del Estado y señaló a empresarios vinculados a la obra pública. En ese contexto, hizo referencia al empresario Lázaro Báez, al afirmar que “cobraba y no hacía nada”.

Además, aseguró que la fundación recibía presiones políticas durante el gobierno kirchnerista y acusó a Hebe de Bonafini de estar “cooptada” por funcionarios del entonces gobierno nacional.

Entre los nombres que mencionó estuvieron la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el exsecretario general de la Presidencia Oscar Parrilli y el exsecretario Legal y Técnico Carlos Zannini.

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“Cuando murió Néstor se desmadró todo”

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Durante la audiencia, Schoklender también trazó diferencias entre el funcionamiento del programa durante el gobierno de Néstor Kirchner y el período posterior a su muerte.

Según declaró, mientras Kirchner estaba vivo los pagos de la obra pública se realizaban con mayor regularidad y sin pedidos de coimas. “Después de que él se murió, la cosa se desbandó”, sostuvo.

En ese contexto, aseguró que el Ministerio de Planificación Federal mantenía una deuda con la fundación que superaba los 140 millones de pesos, lo que habría generado problemas financieros para continuar las obras.

También afirmó que mantuvo reuniones con el entonces ministro de Economía Amado Boudou para intentar regularizar la situación mediante un plan de pagos, aunque según su relato esa iniciativa se habría frustrado posteriormente.

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Obras sin licitación y defensa del programa

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Consultado por la fiscalía, Schoklender defendió la adjudicación directa de obras del programa.

Argumentó que el modelo de trabajo incluía un componente social que, según explicó, obligaba a contratar y capacitar a vecinos de los barrios, además de abordar problemáticas educativas y sociales en las zonas donde se construían las viviendas.

En ese sentido, sostuvo que las licitaciones tradicionales “no garantizaban honestidad ni ahorro para el Estado”.

El exapoderado también negó haber obtenido beneficios personales de los fondos del programa. “No me robé un mango”, aseguró ante el tribunal.

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Cómo sigue el juicio

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El debate oral continuará la próxima semana. La presidenta del tribunal, Adriana Palliotti, informó que el juicio seguirá el martes próximo, cuando comenzará la etapa de declaraciones testimoniales.

En total, la fiscalía solicitó la citación de 92 testigos, mientras que la Unidad de Información Financiera (UIF) convocó a otros 17. Las defensas de los hermanos Schoklender, por su parte, pidieron el testimonio de 120 personas.