La presentación de un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante de Moreno desató una nueva polémica política en el Conurbano. El bloque de La Libertad Avanza (LLA) impulsa la implementación de un “narco-test” obligatorio para funcionarios públicos locales, en una medida que apunta directamente a la idoneidad de quienes ejercen cargos de gestión.

La iniciativa propone que el intendente, concejales, secretarios y subsecretarios del gabinete municipal deban someterse a exámenes toxicológicos periódicos y aleatorios para detectar consumo de sustancias psicotrópicas ilegales.

Desde el espacio libertario sostienen que la medida apunta a reforzar la transparencia en la función pública y evitar cualquier tipo de condicionamiento en la toma de decisiones.

Cómo funcionaría el “narco-test” en Moreno

El proyecto, impulsado por la concejal Ingrid Flessa, establece un mecanismo técnico específico para la realización de los controles.

Entre los puntos centrales, se destacan:

• Toma de dos muestras (A y B) firmadas y selladas
• Posibilidad de contraprueba dentro de los 10 días hábiles
• Participación de un perito en caso de revisión
• En caso de resultado positivo confirmado, cese inmediato en el cargo

Según los fundamentos del texto, el consumo de estupefacientes podría afectar las facultades cognitivas necesarias para gobernar, además de generar vulnerabilidad frente a redes del narcotráfico que operan en el Conurbano bonaerense.

Debate político y tensión en el Concejo

La propuesta ya generó discusiones internas entre las distintas bancadas del Concejo Deliberante, en un distrito donde el oficialismo responde al peronismo.

Desde LLA, el diputado bonaerense Ramón “Nene” Vera, con fuerte influencia en Moreno, respaldó la iniciativa y puso el foco en la ética pública.

“Quienes tenemos la responsabilidad de tomar decisiones que afectan la vida de miles de vecinos, tenemos que hacerlo con claridad, responsabilidad y transparencia”, afirmó.

El legislador remarcó que el proyecto busca establecer “controles claros” para garantizar que quienes ocupan cargos públicos cumplan con estándares de conducta adecuados.

Por el momento, no se conocieron definiciones formales del oficialismo local sobre el proyecto, lo que abre interrogantes sobre su viabilidad legislativa y el nivel de consenso que podría alcanzar.