El gobierno de Javier Milei recibió un fuerte revés judicial luego de que el juez laboral Raúl Ojeda suspendiera los puntos centrales de la reforma laboral. La decisión responde a una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y deja en pausa 82 artículos clave de la Ley 27.802.
La resolución, emitida desde el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, considera que existen “indicios serios y graves” de inconstitucionalidad, especialmente por posibles avances sobre derechos protegidos en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
La medida es provisoria, pero de aplicación inmediata en todo el país. El Gobierno puede apelar, aunque por ahora la reforma queda virtualmente paralizada.
El impacto central de la decisión judicial es que el sistema laboral vuelve, en gran parte, al esquema previo a la reforma impulsada por el Ejecutivo.
Entre los puntos más relevantes que quedan suspendidos, se destacan:
Además, el juez frenó cambios sensibles en la Ley de Contrato de Trabajo, eje de la reforma oficial.
Uno de los aspectos más cuestionados fue la posibilidad de considerar a trabajadores de plataformas como “prestadores independientes”, lo que podía dejarlos fuera del régimen laboral tradicional.
El fallo también pone el foco en principios históricos del derecho laboral argentino. Entre ellos:
Según Ojeda, la eliminación o modificación de estos principios podría implicar una regresión en derechos individuales y colectivos, algo incompatible con la Constitución.
También se suspendieron medidas que habilitaban cambios en condiciones laborales, como:
El fallo representa la primera gran victoria judicial de la CGT frente a la reforma laboral. Hasta ahora, distintos gremios habían logrado frenar artículos puntuales, pero no el núcleo de la ley.
Otro punto clave es que la cautelar también alcanza a reformas sobre:
El juez advirtió que estos cambios podrían afectar la libertad sindical, protegida tanto por la Constitución como por tratados internacionales.
La resolución no es definitiva. El Gobierno nacional tiene la opción de apelar para intentar revertir la cautelar y reactivar la reforma.
Sin embargo, el fallo introduce un elemento clave: la “verosimilitud del derecho calificada”, es decir, una alta probabilidad de que los planteos de la CGT sean válidos en el juicio de fondo.
Esto fortalece la posición sindical y anticipa un escenario de larga disputa judicial.