La reciente decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York sobre el caso YPF generó celebraciones en el Gobierno nacional, que buscó capitalizar el resultado como propio. Sin embargo, el fallo es el resultado de una estrategia jurídica que se mantuvo durante más de una década y atravesó cuatro gestiones presidenciales sin cambios sustanciales.

El litigio se originó en abril de 2015, cuando el fondo Burford Capital impulsó una demanda contra el Estado argentino por la expropiación de la petrolera en 2012. El argumento central: el país no realizó una oferta pública de adquisición (OPA) por el total de las acciones, como establecía el estatuto de la empresa.

Les dejo la nota sobre el fallo del caso YPF que acaba de subir el Financial Times, en la que me citan resumiendo bien lo que pienso al respecto: https://t.co/PlfXm29gxy pic.twitter.com/g9gtgknRtX

— Sebastián Soler (@TommyBarbanBA) March 27, 2026

Desde entonces, la defensa argentina sostuvo una misma línea: la Constitución Nacional está por encima de cualquier estatuto societario.

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Una defensa sin grieta

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Uno de los datos más llamativos del caso es la continuidad de la estrategia legal. El estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, histórico asesor del país en tribunales internacionales, se mantuvo como columna vertebral de la defensa desde la crisis de deuda de 2002.

Ni siquiera el cambio de signo político en 2015, con la llegada de Mauricio Macri, alteró el enfoque. Aunque se intentó reforzar el equipo legal y trasladar el juicio a Argentina, la línea argumental se sostuvo.

Con el regreso del kirchnerismo en 2019, hubo ajustes pero no un giro: se sumó el estudio Sullivan & Cromwell, y se reforzó la idea de que ninguna cláusula empresarial puede limitar la potestad soberana del Estado.

La actual gestión de Javier Milei tampoco modificó ese eje. A pesar de cambios en la Procuración del Tesoro —con Rodolfo Barra, Santiago Castro Videla y Sebastián Amerio— la estrategia se mantuvo intacta.

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Lo que tenés que saber

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• El juicio comenzó en 2015 en Nueva York.
• La demanda fue impulsada por Burford Capital.
• El eje de la defensa: la Constitución está por encima del estatuto de YPF.
• La estrategia legal se mantuvo durante cuatro gobiernos distintos.
• Hubo intentos paralelos de negociación durante la gestión actual.

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Tensiones, negociaciones y polémica

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A pesar de la continuidad jurídica, la gestión libertaria abrió canales paralelos. Por un lado, buscó ampliar la estrategia con el estudio Covington & Burling para investigar posibles hechos de corrupción. Por otro, habilitó contactos informales con el lobbista Gerardo “Gerry” Mato, vinculado a los demandantes.

Según trascendió, Mato habría visitado en varias oportunidades el Ministerio de Economía, en medio de versiones sobre posibles acuerdos y comisiones millonarias. Este punto nunca fue aclarado oficialmente.

El ministro Luis “Toto” Caputo negó cualquier negociación:
“Innumerable cantidad de lobistas vinieron a buscar un acuerdo y jamás les dimos cabida”, afirmó.

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El debate político tras el fallo

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El presidente Javier Milei celebró el resultado y aseguró: “Argentina no debe pagar nada”, calificándolo como “el mayor logro jurídico de la historia nacional”.

Sin embargo, especialistas relativizan esa interpretación. El analista Sebastián Maril destacó la coincidencia entre la postura original de Axel Kicillof en 2012 y el criterio adoptado por la Corte en 2026.

En la misma línea, el exsubprocurador Sebastián Soler sostuvo que el mérito del actual gobierno fue mantener la estrategia histórica más que innovar.

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Un caso que se parece a política de Estado

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Más allá de las disputas y los intentos de capitalización política, el caso YPF deja una conclusión poco frecuente en la Argentina: una política sostenida en el tiempo, incluso en contextos de fuerte polarización.

La defensa del país en los tribunales internacionales, al menos en este expediente, logró sobrevivir a la grieta.