Diputados nacionales que participaron de la comisión investigadora por la criptomoneda $LIBRA presentaron este miércoles una denuncia formal contra el fiscal federal Eduardo Taiano, a quien acusan de irregularidades en el avance del expediente.
La presentación fue dirigida al procurador general interino Eduardo Casal y lleva la firma de legisladores de distintos espacios políticos, entre ellos Mónica Frade, Maximiliano Ferraro, Sabrina Selva, Juan Marino, Itai Hagman, Esteban Paulón, Julia Strada y Rodolfo Tailhade.

En el escrito, los diputados sostienen que el accionar del fiscal podría constituir una “grave infracción a sus deberes de funcionario público”, en presunta violación del artículo 120 de la Constitución Nacional y leyes específicas que regulan el Ministerio Público.
Uno de los principales ejes de la denuncia apunta a las demoras en el análisis de dispositivos electrónicos vinculados a la causa, considerados elementos centrales para la investigación.

Según detallaron los legisladores:
Para los denunciantes, esta secuencia evidencia “dilataciones injustificadas” que afectan el avance del expediente.
Otro punto de conflicto es la supuesta falta de acceso de la comisión investigadora a información clave del proceso judicial.
Los diputados señalaron que no fueron habilitados a participar de instancias relevantes del trámite, lo que —según argumentaron— les impedía evitar duplicar pruebas o conocer el contenido de informes técnicos ya producidos.
Además, cuestionaron que el informe preliminar del peritaje telefónico no haya sido compartido con las partes querellantes, pese a que consideran que existe el derecho a supervisar la producción de prueba, incluso en etapas iniciales.
En el tramo final de la denuncia, los legisladores remarcan que, pese al tiempo transcurrido, no se realizaron llamados a indagatoria ni se formalizaron imputaciones en la causa.
Para los firmantes, esto refuerza la hipótesis de un desempeño irregular por parte del fiscal, al que acusan de mantener una “inactividad incompatible” con sus funciones.
La denuncia se apoya en el rol del Ministerio Público establecido en el artículo 120 de la Constitución Nacional, que obliga a promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad.
Según los diputados, las demoras detectadas no se justifican por complejidad técnica ni circunstancias excepcionales, sino que reflejan una falta de impulso en la investigación.
También advirtieron sobre una posible “retención indebida de prueba relevante”, lo que —de confirmarse— podría afectar el principio de objetividad que debe regir la actuación fiscal.