La disputa entre la Provincia y la Nación por el control de las rutas sumó un nuevo capítulo. Desde La Plata, el ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis confirmó que el gobierno bonaerense impulsará a Aubasa para competir en la concesión de corredores nacionales, en medio de fuertes críticas al proceso licitatorio.
Según explicó el funcionario, la Provincia solicitó formalmente la intervención de las Defensorías del Pueblo como veedores para garantizar la transparencia. La decisión apunta directamente al proceso que lleva adelante el Ministerio de Economía nacional, al que acusan de haber modificado condiciones clave a último momento.
En ese marco, Katopodis advirtió que “se cambiaron decenas de artículos del pliego” a pocos días del cierre de ofertas, lo que —según sostuvo— altera las reglas de juego y genera sospechas sobre la adjudicación.
Desde el gobierno bonaerense sostienen que los cambios introducidos “desvirtúan” la competencia. Además, alertan sobre un posible esquema que implicaría peajes más caros y nuevos puntos de cobro en rutas clave.
Katopodis fue contundente: aseguró que existe “una clara intención de recaudar más” y contrapuso el modelo de Aubasa, al que definió como superavitario.
El funcionario también defendió el desempeño de la empresa estatal, destacando su gestión en corredores como la Autopista Buenos Aires–La Plata y la Ruta 2, donde —afirmó— se mantienen estándares de servicio verificables.
Detrás de la discusión técnica aparece un fuerte trasfondo político. Desde la administración bonaerense calificaron como “deplorable” el estado de las rutas nacionales y responsabilizaron al gobierno central por la falta de inversión.
En esa línea, también cuestionaron el uso de recursos como el impuesto a los combustibles, señalando que no se tradujo en obras concretas.
La jugada de Aubasa, aseguran, busca no solo disputar concesiones, sino evitar que el deterioro vial siga impactando en la seguridad, la logística y la producción en la provincia de Buenos Aires.
En paralelo, el ministro de Gobierno Carlos Bianco amplió el conflicto hacia otros frentes. Criticó con dureza la política exterior nacional, especialmente por votaciones en la ONU, que —según sostuvo— afectaron temas sensibles como derechos humanos y pueblos indígenas.
Además, advirtió sobre un posible impacto en el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, al considerar que se debilitan alianzas internacionales clave.
En el plano local, también cruzó al jefe de Gobierno porteño Jorge Macri por el reclamo de una supuesta deuda de $27.000 millones por atención a personas en situación de calle. Bianco calificó el planteo como “no reclamable” y cuestionó los criterios utilizados.
Como respuesta, planteó que si se aplicara la misma lógica, la Ciudad debería compensar a la Provincia por el aporte diario de trabajadores bonaerenses en territorio porteño.
El funcionario defendió la política social bonaerense y aseguró que la Provincia amplió la red de asistencia, pasando de 28 a 58 centros de integración para personas en situación de calle.
Finalmente, repasó la agenda del gobernador Axel Kicillof, que incluye:
También anticipó su participación en un acto vinculado al ámbito científico.