La Legislatura de la provincia de Buenos Aires vuelve a quedar en el centro del debate político. El diputado Ricardo Lissalde, del Frente Renovador, impulsó un proyecto para prohibir modificaciones en las reglas electorales durante los años en los que se vote.
La propuesta busca cerrar la puerta a posibles cambios de último momento como los que marcaron el calendario electoral de 2025, cuando se suspendieron las PASO y se ajustaron plazos clave del proceso.
El objetivo es claro: garantizar previsibilidad y evitar que las reglas del juego se alteren en plena competencia política, una práctica que distintos sectores cuestionaron en los últimos comicios.
El proyecto no surge en el vacío. Durante 2025, la provincia atravesó una serie de decisiones que modificaron el esquema electoral habitual:
Ese contexto dejó expuesta la fragilidad del sistema electoral bonaerense, con una Legislatura capaz de redefinir reglas en función de coyunturas políticas.
Para Lissalde, ese escenario no debería repetirse. Por eso propone establecer límites claros y anticipados.
El proyecto busca incorporar una cláusula específica en la ley electoral bonaerense. El punto central es:
Esto implicaría que cualquier cambio en el sistema de votación, calendario o condiciones de competencia debería definirse con anticipación suficiente, fuera del período electoral.
Según el texto, la medida apunta a evitar ventajas circunstanciales para determinados espacios políticos y fortalecer la transparencia institucional.
En el Gran La Plata, donde las elecciones suelen definirse por márgenes estrechos, la estabilidad de las reglas electorales es un factor clave.
Dirigentes locales, intendentes y armadores políticos siguen de cerca el proyecto, conscientes de que cualquier modificación impacta directamente en:
La iniciativa podría aportar mayor certidumbre para La Plata, Berisso y Ensenada, donde el peso territorial y la organización política resultan determinantes.
De avanzar, el proyecto también tendría un efecto directo sobre las propuestas que sectores de La Libertad Avanza y el PRO vienen impulsando para modificar el sistema electoral de cara a 2027.
En ese sentido, la provincia podría convertirse en un caso testigo de “blindaje institucional”, limitando las reformas en momentos sensibles del calendario político.
Sin embargo, el futuro de la iniciativa aún es incierto. Si no prospera, el escenario podría repetir la lógica de 2025, con cambios sobre la marcha y debates de fondo desplazados por urgencias electorales.