El Gobierno encabezado por Javier Milei oficializó este martes el decreto 219/2026, mediante el cual se habilita un anticipo financiero de hasta $400.000 millones a doce provincias, en concepto de coparticipación federal. La normativa fue publicada en el Boletín Oficial y establece que los fondos deberán ser reintegrados dentro del Ejercicio Fiscal 2026.
La medida había sido anticipada días atrás, en medio de negociaciones políticas vinculadas al tratamiento de la Ley de Glaciares, y se interpreta como un gesto del Ejecutivo para recomponer el diálogo con los gobernadores, en un escenario económico complejo.
Las provincias alcanzadas por el anticipo son: Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Algunas mantienen alineamiento con la Casa Rosada, mientras que otras sostienen vínculos más pragmáticos.
El decreto establece que los montos asignados serán definidos por la Secretaría de Hacienda, en función de la capacidad de repago de cada jurisdicción y su participación en la recaudación nacional.
El mecanismo prevé que la devolución se realice mediante retenciones automáticas sobre los fondos coparticipables que las provincias reciben regularmente.
Lo que tenés que saber:
Además, la normativa habilita a la Secretaría a acordar condiciones específicas con cada provincia, incluyendo plazos y modalidades de devolución.
La decisión del Ejecutivo llega tras ocho meses consecutivos de caída en la recaudación, una situación que golpea con fuerza a las finanzas provinciales.
Según datos mencionados en el propio análisis oficial, la recaudación del primer trimestre registró una baja cercana a un billón de pesos interanual, lo que encendió alarmas en todas las jurisdicciones, sin distinción política.
Dentro del Gobierno, el diseño de la medida contó con la intervención del ministro del Interior, Diego Santilli, en el plano político, y del ministro de Economía, Luis Caputo, en la ingeniería financiera.
Desde Nación sostienen que el esquema busca “ordenar la relación fiscal” con las provincias, estableciendo límites a los pedidos recurrentes de adelantos. Sin embargo, reconocen que la situación es crítica: “No hay ninguna provincia que esté bien”, admiten fuentes oficiales.
El decreto también introduce modificaciones al decreto 922/2025, que había otorgado un anticipo a Entre Ríos, con el objetivo de unificar las condiciones financieras, especialmente en lo referido a la tasa de interés.
Asimismo, se establece que las provincias deberán afectar su participación en el régimen de coparticipación (Ley 23.548) como garantía de repago, incluyendo otros recursos no afectados a destinos específicos.