El juzgado Federal N°3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, ha dictado el procesamiento de un suboficial del Ejército por casos de abuso sexual contra dos mujeres que trabajaban junto a él en la Compañía Comando y Servicios del Batallón de Comunicaciones Satelitales 601 de City Bell.

Según fuentes judiciales, el procesamiento no incluye prisión preventiva pero sí un embargo de 10 millones de pesos sobre los bienes del imputado. El suboficial enfrenta cargos por abuso sexual gravemente ultrajante y amenaza coactiva contra una soldada voluntaria, así como por abuso de autoridad y amenaza coactiva hacia otra compañera, quien optó por no iniciar acciones penales privadas en un hecho que también podría configurar abuso sexual.

Los hechos investigados ocurrieron entre noviembre de 2022 y febrero de 2023 dentro de la oficina compartida por el suboficial y la soldada denunciante, ubicada en el Parque de Automotores. Según la investigación, los abusos habrían ocurrido en momentos en los que el suboficial cerraba con llave la puerta de la oficina, aprovechando su posición de superior dentro de la estructura jerárquica del Ejército Argentino.

El juez Kreplak destacó que el imputado utilizó su autoridad militar para ordenar a la soldado cumplir tareas en solitario junto a él, creando condiciones que facilitaron su conducta abusiva y disminuyeron las posibilidades de que la víctima fuera auxiliada.

Ambas víctimas siguieron los protocolos internos al exponer los abusos ante superiores y fueron asistidas por una teniente mujer, Punto de Enlace de Género del Batallón 601, quien facilitó las acciones correspondientes dentro de la institución militar. La soldada que formalizó la denuncia inicialmente ante la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de la Policía bonaerense, dando inicio al proceso judicial provincial.

El juez Kreplak justificó la decisión de no ordenar prisión preventiva basándose en la conducta del imputado tanto en el ámbito administrativo del Ejército como durante el proceso judicial, aunque se mantiene la orden de prohibición de acercamiento y contacto con las víctimas.

Este caso ha generado un profundo debate sobre la seguridad y el respeto dentro de las fuerzas armadas, reflejando la necesidad de políticas efectivas para prevenir y castigar el abuso de poder en contextos militares.