VISIÓN POLÍTICA

Tras días de análisis, los intendentes de Lanús, Julián Álvarez, y de Quilmes, Mayra Mendoza, decidieron llevar a la Justicia el conflicto por la actividad económica del Puerto de Dock Sud. Ambos presentaron una solicitud para que se realice un informe que permita determinar el verdadero impacto que la logística portuaria tiene sobre sus distritos en el conurbano bonaerense.

El reclamo también incluye la intervención de un perito contador, encargado de verificar los asientos contables y proporcionar información clave sobre la actividad empresarial, las mercancías, las tasas y los vehículos involucrados. Además, solicitaron la intervención de un perito informático que extraiga datos del sistema del Consorcio y las empresas, detallando las operaciones de carga, descarga, control logístico y rastreo de los vehículos.

Este pedido fue sorteado en el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 3 de Avellaneda, que determinará los pasos a seguir. Según explicó Julián Álvarez, el informe será crucial para obtener un diagnóstico preciso y entender el impacto de las actividades del puerto sobre las calles y la infraestructura de Quilmes y Lanús. "Es fundamental que recopilemos toda la información logística y fiscal posible para evaluar los daños actuales y futuros causados por el Puerto de Dock Sud", expresó Álvarez, quien además ocupa el cargo de director regional del Consorcio.

Por su parte, Mayra Mendoza sostuvo que "Quilmes y Lanús son parte de la zona portuaria y desde febrero contamos con la representación de Julián Álvarez en el Consorcio del puerto. Nuestro reclamo se basa en el daño que el tránsito pesado ocasiona en nuestras calles, redes de cableado, obras hidráulicas y viviendas. Tenemos el apoyo de los vecinos y el compromiso del gobernador para asegurar que no existan diferencias entre los ciudadanos".

Los intendentes también han solicitado la creación de una Red de Tránsito Pesado y un Fondo Compensatorio que permita reparar los daños causados en ambos distritos durante años de funcionamiento del puerto. Esta iniciativa ya ha sido respaldada por los Concejos Deliberantes de Lanús y Quilmes.

Mendoza, además, aclaró que "este no es un problema con los vecinos de Avellaneda, sino un reclamo justo para que quienes obtienen grandes beneficios del comercio portuario cumplan con sus responsabilidades hacia nuestras comunidades".

Finalmente, ambos mandatarios coincidieron en que lo que buscan es una justa distribución de las ganancias generadas por el puerto, algo que consideran que el Gobierno provincial debe garantizar para toda la zona portuaria, incluyendo Avellaneda, Lanús y Quilmes.