Este martes 10 de mayo el Gobierno nacional comenzó la primera de las tres audiencias públicas para definir las actualizaciones en las tarifas de luz, gas y la segmentación. El campo de discusión se encuentra minado debido a la guerra interna desatada en el Frente de Todos (FdT). El kirchnerismo continúa con las hostilidades hacia el ministro de Economía, Martín Guzmán, mientras que el titular de la cartera inició un contraataque. El clima espeso en el oficialismo marca incertidumbre para lo que se viene.
De este manera, desde las 10 y a través de la plataforma Webex, se realizó la audiencia pública convocada por la Secretaría de Energía para discutir los nuevos precios del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), para la cual el orden del día conformado contempla la participación de 38 expositores, que dispondrán de 5 minutos cada uno.
En este caso, se presentó la propuesta oficial de incrementos en el precio del gas natural que se trasladará a las facturas de los usuarios.
En la presentación, Maggie Videla Oporto, subsecretaria de Hidrocarburos, recordó que los usuarios de los servicios públicos de distribución de gas con tarifa social no tendrán incrementos a partir de junio y el resto de los usuarios tendrán un incremento promedio de 20%.
Este cálculo se basa en la pauta de aumentos acordada con el Fondo Monetario Internacional, donde el aumento total en las facturas para usuarios con tarifa social debe ser equivalente al 40% del coeficiente de variación salarial (CVS) de 2021, lo que da un porcentaje de 21,3%. Como ya hubo aumentos en marzo que llegaron a ese porcentaje, no tendrán más subas en 2022.
Las jornadas convocadas serán para resolver los nuevos precios que estarán vigentes a partir del 1 de junio del gas natural a boca de pozo, del costo estacional de generación eléctrica y la segmentación de tarifas que le permita reducir el peso de los subsidios energéticos en las cuentas públicas.
Para el resto de los usuarios, sin tarifa social, la suba debe ser del 80% de la variación salarial del año pasado. Ese porcentaje es de 42,7% para todo 2022. Si se toman los aumentos ya aplicados en marzo, el porcentaje de suba a partir de junio será de entre 18% y 20% de acuerdo a las distintas zonas del país.
Y detalló algunos ejemplos de la aplicación de los aumentos: en el caso de usuarios del centro del país, la factura promedio pasará de $2.008 a $2.378. Para la zona centro, de $2.029 a $2.393. Para la zona Noroeste, de $1.151 a $1.402; y para la zona Sur, de $2.112 a $2.651.
“Esta decisión se funda en la convicción de nuestro Gobierno Nacional de que las tarifas de gas y electricidad deben tener correcciones que siempre deben estar por debajo de la evolución de los salarios. Por la necesidad que tenemos de mejorar el poder adquisitivo luego de la pandemia que hemos atravesado y a la vez que la factura tenga un peso cada vez menor”, dijo Videla Oporto.
Y recordó que el 10% de los usuarios de más poder adquisitivo dejarán de recibir subsidios y, por lo tanto, deberán afrontar subas más altas. “El presidente aclaró en su mensaje que se iniciará un proceso de asignación de subsidios a usuarios de los servicios públicos de gas y electricidad en función de índices socioeconómicos”, agregó.
La factura del servicio de gas está compuesta por cuatro variables: precio del gas, costo de transporte, costo de distribución e impuestos y tasas. En el caso del precio del gas, lo que se traslada a la tarifa y es facturado a los usuarios depende de los subsidios. Es decir, el porcentaje que asume el Estado del precio que se paga a las empresas productoras de gas, el costo del gas importado de Bolivia y el costo del GNL importado.
Según el informe presentado en la audiencia, hoy de los USD 5,76 por millón de BTU (la unidad medida que usa el sector) del precio promedio del gas, el Estado absorbe el 75,6% (o USD 4,35) y el 24,4% restante es lo que pagan los usuarios (USD 1,41). En costo fiscal, el Estado asumiría $275.079 millones sobre un total de $363.893 millones (USD 3.064 millones), de acuerdo a los datos de la Secretaría de Energía.
El aumento propuesto para el precio del gas es de entre el 41,7% y 46,3%, lo que significa un aumento en las facturas que reciben los usuarios por debajo de la suba tope que fue definida en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que fue de 42,7% (equivalente al 80% de la variación de los salarios en 2021).
El miércoles se tratarán los nuevos precios de referencia estacionales del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST).
En tanto, el jueves se debatirá la implementación de la segmentación en el otorgamiento de los subsidios al precio de la energía por parte del Estado a los usuarios del servicio de gas natural y del servicio de energía eléctrica, para el bienio 2022-2023.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, consideró que las actualizaciones tarifarias de acuerdo a una segmentación de ingresos como propone el Gobierno nacional "le hacen bien al país" y cuestionó el nivel actual de los subsidios energéticos, equivalente a "3 o 4 puntos del Producto". Además, habló sobre las críticas recibidas por el kirchnerismo y respondió con cuestionamientos hacia el rumbo económico que tomó el segundo mandato presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
Por su parte, en la provincia de Buenos Aires, la trinchera de mayor envergadura en la batalla, el oficialismo, afloran algunas diferencias entre sus propios actores sobre un punto medular: las tarifas de luz y gas.
Al respecto, fuentes del entorno del Gobernador, Axel Kicillof, señalaron que “nuestra idea es no tocar las tarifas por este año”, y añadieron: “Veremos qué dicen las audiencias, pero en principio la idea es que no haya más nada”. Agregaron en tal sentido: “No hay margen para seguir echando leña al fuego en materia de precios”, y completaron:
Tenemos que cuidar el poder adquisitivo del salario
Además, un dirigente peronista con despacho en la Legislatura se mostró un tanto alejado de las posturas más radicalizadas. “Si es un aumento razonable, nadie está contento pero se entiende que hay que ajustar. No podés no subir nada, porque en algún momento explota”, reflexionó.
Un intendente del Frente de Todos de peso en el Conurbano plantó bandera y comentó a este medio que “la posición del Gobierno nacional es realista, acorde a la situación del país, y además la acompaña con aumentos salariales. Hay que acomodar las tarifas porque ese desfase implica más subsidios. Argentina no tiene margen”.
Con respecto a quienes se niegan a más subas expresó que “la posición de quienes dicen que no quieren más aumentos es política; la entiendo, pero no la comparto”.