La investigación de la Policía Federal en Brasil apunta a un posible intento de golpe de Estado por parte del ex presidente Jair Bolsonaro y otros 36 implicados. Los cargos incluyen “abolición violenta del Estado democrático de Derecho, golpe de Estado y asociación ilícita”. Las pruebas muestran reuniones con altos mandos militares y la preparación de decretos que buscaban manipular el sistema electoral y la justicia del país.
Uno de los documentos clave, presentado por Bolsonaro a los comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea, proponía declarar el estado de sitio. Según fuentes de la investigación, este plan incluía la creación de una comisión para investigar las elecciones de 2022, resultado de la derrota electoral de Bolsonaro. Los generales Marco Antônio Freire Gomes y Carlos de Almeida Baptista Júnior confirmaron la existencia de dicho plan.
En la casa del ex ministro de Justicia Anderson Torres, la Policía Federal halló borradores de decretos que proponían intervenciones en el Tribunal Superior Electoral (TSE). A pesar de que los documentos no fueron firmados, las autoridades aseguran que Bolsonaro estuvo al tanto de los mismos y pidió modificaciones antes de dejar el poder.
Además, la investigación reveló un plan para asesinar a figuras políticas como Luiz Inácio Lula da Silva, su vicepresidente Geraldo Alckmin y el juez Alexandre de Moraes. Mário Fernandes, un alto funcionario, fue señalado como responsable del seguimiento a Moraes, con el objetivo de secuestrar y asesinar al magistrado.
El Partido Liberal, liderado por Bolsonaro, jugó un papel crucial en la difusión de teorías de fraude electoral. Estas acusaciones contribuyeron a la demanda presentada en noviembre de 2022, que buscaba anular los resultados de las elecciones. Paralelamente, los aliados de Bolsonaro promovieron acciones que favorecían una intervención militar en la política brasileña.
Las pruebas obtenidas durante casi dos años de investigación apuntan a una red coordinada desde los niveles más altos del gobierno, subrayando el alcance de los intentos por desestabilizar la democracia brasileña. Las autoridades continúan su análisis y podrían presentar nuevas imputaciones contra Bolsonaro y su círculo cercano.
