VISIÓN POLÍTICA

La Comisión de Legislación General de Diputados dictaminó un proyecto de Graciela Camaño para crear un área marina protegida en la zona del hundimiento del submarino Ara San Juan. La reunión estuvo cargada de acusaciones y encriptados giros geopolíticos, a partir de un fallido intento de cajonear la ley de la Coalición Cívica de Elisa Carrió.

"Yo no participo de ningún lobby hidrocarburífero y de ningún lobby pesquero. No sé si todos pueden decir lo mismo", se preguntó Camaño, al cerrar su discurso en el que también hizo alusión a las denuncias de Estados Unidos sobre la pesca ilegal de China en el atlántico sur.

El dictamen fue posible por el respaldo del oficialismo, pero Juntos no votó empujado por los diputados de la Coalición Cívica, que liderados por Mariana Zuvic presentaron un pedido de informes al gobierno nacional para conocer la opinión de los ministros, un trámite por demás inusual. 

Sin Juntos, la ley sólo podrá aprobarse con un alineamiento perfecto de los 8 diputados del interbloque federal que integra Camaño. Nada fácil. "¡Quiero que alguien me diga si alguna vez hizo un pedido de informes sobre un proyecto! ¡Esto nunca se vio! ¡Lo que se hace es reunir argumentos y discutirlo!", se indignó la bonaerense.

Zuvic había ido más lejos y una hora antes de la reunión de legislación general abrió la comisión de intereses marítimos que preside para escuchar a especialistas que se oponen a la ley. Una auténtica emboscada. 

El proyecto fue presentado por primera vez el año pasado por Camaño y consiste en declarar "Área Marina Protegida Bentónica" a la zona conocida como "Agujero Azul", que era la tripulada por el submarino Ara San Juan cuando desapareció en noviembre de 2017.

Yo no participo de ningún lobby hidrocarburífero y de ningún lobby pesquero. No sé si todos pueden decir lo mismo 

Son 164 mil kilómetros cuadrados que pertenecen a la plataforma continental argentina, una extensión de la milla 200 de la zona económica exclusiva que la diplomacia logró que le fuera reconocida al país en marzo 2016, después de 7 años de gestiones en la ONU. 

Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, ante ciertos accidentes geográficos los países ribereños pueden tener una extensión de la ZEE, pero sólo sobre el lecho y subsuelo marino y no en las columnas de agua.

Al declarar área protegida bentónica a la zona denominada "Agujero Azul", la ley la protege la fauna marina, pero no impide el tránsito de buques. Y establece como "cláusula transitoria" la imposibilidad de renovar las cuotas de pesca vigentes, para evitar reclamos legales futuros.