Una compleja red de corrupción institucional involucra al juez federal de Rosario Marcelo Bailaque y al exdirector de la AFIP, Carlos Vaudagna. Ambos están acusados de favorecer investigaciones a cambio de beneficios económicos. La trama fue desvelada gracias al contenido de un celular incautado en 2021, que evidenció delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.
Nueve lugares vinculados a Vaudagna fueron allanados, incluyendo su domicilio y empresas registradas a nombre de testaferros. Entre ellos, una mutual en Santa Fe que, según las pruebas, estaría bajo su control. También se encontraron nexos directos con el juez Bailaque, con quien se reunía para intercambiar información clave.
La investigación resalta el uso de documentos falsos para justificar dinero de origen ilícito. En un caso, Vaudagna presentó escrituras antedatadas para encubrir fondos vinculados a Vicentin. Esta maniobra le valió una probation, cuestionada por la fiscalía federal.
El contenido del celular, gestionado por el MPA de Rosario, reveló nexos con figuras públicas sospechosas. Sin embargo, su falta de denuncia inmediata genera dudas sobre posibles omisiones. Fiscales federales ahora investigan por qué no se actuó con mayor celeridad.
El caso también señala a Jaime Mecikovsky, exsubdirector de la AFIP, implicado en manipulaciones fiscales y filtraciones. Su relación con Vaudagna refuerza las sospechas sobre una red de corrupción extendida.
Desde el MPA argumentan que la falta de acción respondió a recursos limitados y errores humanos. Aun así, las evidencias del caso, con implicaciones profundas para el ámbito judicial y económico, plantean serios cuestionamientos sobre el manejo institucional.
La investigación sigue abierta, con fiscales federales decididos a esclarecer si se trató de una serie de errores desafortunados o de una omisión intencionada para proteger a los implicados.
