¿Por qué el Gobierno destina $197 millones en encuestas mientras promueve la austeridad? Esta es la pregunta que retumba en las calles de La Plata y otros rincones del país. En un contexto de ajuste que afecta a jubilados y trabajadores, la decisión de adjudicar millonarios contratos a consultoras para medir la "opinión pública" ha generado controversia.
El 6 de febrero de 2024, el Boletín Oficial publicó el llamado a licitación bajo el Decreto 1104/2024 para contratar servicios de encuestas, focus groups y entrevistas en profundidad. El contrato, formalizado por la Jefatura de Gabinete, asegura un año de trabajo para quince consultoras, con posibilidad de extenderse un año más. ¿El costo? Una suma que asciende a $197.264.508,12.
El listado de empresas seleccionadas incluye nombres tradicionales y nuevos jugadores, como Julio Aurelio, TresPuntoZero S.A. y Hugo Haime, entre otros. Este acuerdo se estableció a través de un Acuerdo Marco, un sistema que permite a las dependencias del Estado contratar servicios directamente, sin necesidad de nuevas licitaciones.
Sin embargo, también hubo sorpresas: consultoras históricas como Management & Fit S.A. y la Universidad Nacional de Tres de Febrero quedaron fuera de la convocatoria. La selección fue realizada por una comisión evaluadora que consideró las propuestas "admisibles y convenientes".
El gasto millonario en encuestas no pasa desapercibido, especialmente en un momento en el que se recortan beneficios sociales. En paralelo, el Gobierno modificó el destino de un billón de pesos originalmente destinado a la movilidad jubilatoria. Según el Boletín Oficial del 18 de diciembre de 2024, estos fondos serán utilizados para respaldar operaciones del Banco Central y otras obligaciones del Tesoro Nacional.
Mientras tanto, la retórica de austeridad y la crítica a la "casta" parecen chocar con esta realidad. La administración liderada por Javier Milei, que en campaña prometió achicar el gasto público, ahora enfrenta críticas por priorizar estudios de opinión por sobre necesidades urgentes.
El trasfondo político no puede ignorarse. Con las elecciones legislativas de 2025 en el horizonte, el Gobierno busca consolidar su fuerza en el Congreso. Las encuestas son herramientas clave para medir el clima social y ajustar estrategias, pero su alto costo despierta cuestionamientos.
Para muchos, este gasto millonario refuerza la desconexión entre las prioridades del Estado y las necesidades de la ciudadanía. Mientras tanto, los discursos oficiales intentan justificarlo como una inversión en "transparencia y gestión pública".
La polémica no solo está en el gasto, sino en el mensaje que envía. ¿Es realmente prioritario destinar casi 200 millones de pesos a encuestas en un país que enfrenta ajustes en sectores vulnerables? La respuesta, como siempre, quedará en manos de la opinión pública, esa que se mide a través de encuestas que hoy cuestan millones.
