Después de un año de debates y resistencia por parte de trabajadores y la oposición, el intendente Guillermo Montenegro, del PRO, ha vuelto a impulsar en el Concejo Deliberante de Mar del Plata el proyecto de privatización del sistema de estacionamiento medido en la tercera ciudad más importante de PBA.

Recientemente, con el respaldo mayoritario del oficialismo y algunos aliados de los bloques libertarios y la UCR, el proyecto logró ser aprobado en la Comisión de Hacienda, dejando la privatización a un paso de su concreción.

Tanto la oposición como el gremio de trabajadores municipales argumentan que el pliego está diseñado a medida para favorecer a un reconocido empresario local.

Para comprender la conveniencia o no de esta eventual privatización, es crucial conocer los números actuales del sistema de estacionamiento medido en Mar del Plata.

La recaudación mensual ha sido considerable: más de 48 millones de pesos en enero, 64 millones en febrero, 73 millones en marzo, y hasta 35 millones hasta mediados de abril, superando un acumulado de más de 221 millones de pesos desde febrero.

Estas cifras contrastan con el argumento del Ejecutivo que indican que la privatización no responde a un déficit en el sistema, sino a un supuesto mal funcionamiento que los trabajadores del sector refutan, denunciando un proceso de vaciamiento deliberado.

El pliego de la licitación presenta varias peculiaridades, como el hecho de que, si bien el Municipio cede la recaudación y el control del sistema a la concesionaria, retiene el control de calle, ya que un privado no puede actuar como inspector municipal.

El contrato, que tiene una duración inicial de 9 años con opción a prórroga, permite además a la empresa ampliar la zona de influencia donde se cobra el estacionamiento medido. El pago por la contraprestación será el total de la recaudación, con un porcentaje coparticipado al Municipio.

Entre los requisitos para los oferentes, se otorgan más puntos a las empresas radicadas en MdQ y con personal domiciliado también en la ciudad balnearia, dejando fuera de competencia a empresas con experiencia en el rubro de otras jurisdicciones.

El Grupo Núcleo, encabezado por el empresario Maximiliano Kunz, se perfila como el principal candidato para quedarse con la concesión.

Con un pliego que favorece a ciertos candidatos y un empresario local bien posicionado, la privatización del estacionamiento medido en Mar del Plata parece estar en camino a concretarse, a pesar de las objeciones de la oposición y los trabajadores del sector.

Kunz, conocido por sus negocios en tecnología y servicios, ha sido proveedor habitual del Estado y está vinculado a varios proyectos en la ciudad. Sin embargo, también enfrenta proceso judicial por presuntas irregularidades en la venta de artículos a Venezuela.

Mirá que hay que cagarlo a Maduro eh

Así lo refleja la prensa venezolana.

Transparencia Venezuela, 28 de mayo de 2023.

La justicia argentina procesó a un grupo de empresarios de ese país, que hicieron negocios con Venezuela, por lavado de dinero y sobreprecios.

Según reseña la prensa argentina, el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky acordó el procesamiento por el presunto lavado de cientos de millones de dólares a los hermanos Juan José, Carlos Alberto y Alejandro Levy, “Clan Levy”, quienes participaron en el fideicomiso bilateral que el entonces presidente Néstor Kirchner acordó con el gobierno de Hugo Chávez.

Aguinsky explicó que en el expediente se analizaron “hechos relacionados con una serie de contratos de provisión de bienes y/o servicios suscritos en el marco de un acuerdo binacional entre la República Argentina y la República Bolivariana de Venezuela”.

“Apoyado en documentación contable, bancaria y societaria, tanto local como del exterior, además de documentos internos del clan Levy, el juez estimó que existen pruebas sobre una presunta trama de corrupción bilateral que incluyó varias etapas", señala el fallo.

"La primera, una supuesta defraudación al Estado venezolano, la segunda el cobro de cientos de millones de dólares y, la tercera, la canalización de esos fondos a través de paraísos fiscales para ocultarlos, ya fuera para evadir fondos o el pago de retornos a funcionarios, entre otras opciones”, reza una nota publicada en La Nación.com.

En la exposición del magistrado se destacan sus intentos de obtener la colaboración de las autoridades venezolanas, a quienes habría enviado más de 20 exhortos, pero no tuvo respuesta.

“Venezuela siempre mantuvo una posición cerrada ante la incesante y continua solicitud de asistencia jurídica internacional formulada por este poder judicial con el propósito de ahondar en los presuntos hechos delictivos ocurridos en dicho territorio", agrega el informe.

"Su renuencia a responder a las comisiones rogatorias y aportar pruebas ha sido igualmente constatada por el intento de la defensa, que no obtuvo ningún resultado", afirma la nota.

"El avance de la investigación del delito de legitimación de bienes ha sido posible con la verificación de un escenario más detallado de la maniobra, aportado a través de los datos proporcionados por otros Estados requeridos por los que circuló el dinero observado”, escribió el magistrado.

Destaca además que “para el juez, desde el Gobierno argentino no se hizo nada para prevenir la maniobra investigada”.

Sobreprecios y embargo

Según la decisión de Marcelo Aguinsky, los procesados se habrían embolsado más de USD 282 millones de ese fideicomiso, tras venderle productos a Venezuela con sobreprecios de entre 47% y 441%, por lo que el juez decretó embargos multimillonarios, que en el caso de Juan José Levy ascendió a cerca de USD 345 millones -al tipo de cambio oficial-, ante la eventualidad de que deba devolver los fondos bajo sospecha a las arcas públicas, además de afrontar costas y una indemnización civil, apunta la información de La Nación.

El magistrado procesó también como partícipes necesarios a Julián Francisco Rubio, Maximiliano González Kunz y Manuel Vicente González, y consideró que existen pruebas suficientes para avanzar sobre la responsabilidad penal de cuatro empresas del grupo: Laboratorios Esme, Bleu Tel, Corporación Gulfos y Grupo Núcleo.

Estas firmas vendían desde productos de higiene personal y suavizante de telas, hasta televisores y antenas, decodificadores y transmisores para televisión digital.

En su defensa, Juan José Levy indicó que los precios de los productos que entregó a las empresas venezolanas Suvinca y CANTV registraban diferenciales por el “riesgo Venezuela”, al considerar que el Gobierno venezolano de Hugo Chávez y Nicolás Maduro pagaba “tarde, mal y nunca”.

Pero, Aguinsky estimó probado que las operaciones carecieron de todo “riesgo comercial”, y que el uso intensivo de cuentas y sociedades offshore sólo buscaba “hacer perder el rastro del origen” del dinero que embolsaron.

Según apunta la prensa argentina, es ahora la sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico quien deberá analizar si confirma los procesamientos decididos por Aguinsky.