El juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, está en el centro de una investigación por presuntos actos de corrupción institucional. Según los fiscales, se lo acusa de beneficiar a determinados individuos mediante decisiones judiciales inusualmente rápidas. Este caso también implica a funcionarios de la AFIP y profesionales vinculados a la Aduana.
En una medida inédita, su despacho fue allanado y se incautó su teléfono celular. Estas acciones se relacionan con posibles conexiones entre Bailaque y un alto jefe de la AFIP en Rosario, Carlos Vaudagna, señalado por facilitar beneficios indebidos. Otros profesionales, como Omar Rizzo, también están bajo investigación.
Bailaque ya enfrentaba cuestionamientos por su desempeño en investigaciones contra el narcotraficante Esteban Alvarado. Ahora, se lo vincula a prácticas sospechosas, como cerrar causas con rapidez o falta de mérito tras visitas de intermediarios a los denunciados. Este patrón habría salido a la luz gracias a evidencia recolectada en pesquisas previas.
Entre las pruebas destacadas se encuentra el vínculo del magistrado con Gabriel Mizzau, contador de empresas relacionadas con Alvarado. Curiosamente, el hijo de Mizzau trabaja en la Justicia Federal bajo órdenes de Bailaque desde 2017.
Este caso sacudió a la Justicia Federal y al ámbito político, ya que el nombre de Bailaque apareció recientemente en una lista de candidatos a ascender en el Poder Judicial. Este movimiento fue interpretado como una estrategia política para negociar su salida.
Mientras tanto, una denuncia presentada por la diputada Lionella Cattalini avanza en la Legislatura santafesina. En paralelo, el Consejo de la Magistratura evalúa su rol en los casos cuestionados, incluido su manejo de denuncias relacionadas con narcotráfico y delitos económicos.
El desarrollo de esta compleja investigación, impulsada por fiscales de diversas áreas, promete revelar detalles clave sobre posibles redes de corrupción en la Justicia y organismos estatales.
