El ex presidente Mauricio Macri comenzó a activar una agenda política con horizonte en el 2027, en un contexto de tensiones internas dentro del PRO y de redefinición del vínculo con el oficialismo libertario. El puntapié inicial será a comienzos de marzo, en Puerto Madryn, donde participará del Foro PescAR 2026, un encuentro nacional de la industria pesquera.

Desde su entorno aclaran que no se trata de una candidatura lanzada ni de una agenda proselitista clásica. El objetivo, aseguran, es reordenar la estructura partidaria, recuperar volumen territorial y contener la sangría de dirigentes hacia otros espacios, principalmente La Libertad Avanza.

La estrategia incluye reuniones con gobernadores, intendentes aliados y referentes provinciales del PRO, con la intención de “conformar una propuesta innovadora” para el próximo ciclo electoral. Por ahora, no hay confirmaciones oficiales de otros eventos ni fechas concretas de la recorrida.

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Cuestionamientos internos y reclamos de liderazgo claro

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El relanzamiento de Macri ocurre en medio de críticas internas por su estilo de conducción. Dirigentes del PRO, tanto en público como en privado, cuestionan su posición “ambigua” frente a Javier Milei y su hermana Karina Milei, en un escenario donde el partido aún no define si será socio estable, aliado táctico u oposición condicionada.

Uno de los planteos más explícitos fue el del ex senador Federico Pinedo, quien sostuvo:

“El PRO necesita objetivos claros y un liderazgo que convoque”.

En ese marco, varios referentes esperan una convocatoria al Consejo Nacional del PRO, una instancia clave para definir una hoja de ruta institucional. Según fuentes partidarias, ese encuentro debería realizarse en las próximas semanas, aunque aún no fue oficializado.

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Reforma Penal Juvenil: el PRO empuja cambios y fija postura

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Mientras Macri reorganiza el tablero político, la atención legislativa se concentra en el Congreso. En la Cámara de Diputados, el bloque del PRO, conducido por Cristian Ritondo, mantuvo una reunión clave para definir su posición de cara a la sesión donde se debatirá la Reforma Penal Juvenil.

La iniciativa consensuada con sectores de la oposición dialoguista establece:

• Edad mínima de imputabilidad desde los 14 años.

• Detalle explícito de las partidas presupuestarias necesarias para implementar la ley.

• Reducción de la pena máxima para menores: de 20 a 15 años.

Desde el PRO justificaron el límite en los 14 años por razones científicas y operativas. Un diputado del espacio explicó que no existe consenso médico ni psicológico sobre la plena comprensión del delito en menores de 12 o 13 años, y citó recomendaciones de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y estudios en neurociencias.

También advirtieron sobre la falta de infraestructura estatal para alojar a menores en conflicto con la ley penal. “Bajar la edad a 13 duplicaría la población de internos y la ley nacería muerta”, señalaron, en línea con advertencias previas de la Corte Suprema.

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Reforma Laboral y traspaso de la Justicia del Trabajo a CABA

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El foco legislativo continúa este miércoles en el Senado, donde se discutirá la Reforma Laboral impulsada por el oficialismo. El Gobierno revisa más de 20 artículos, con concesiones negociadas con la CGT, tras una reunión de la mesa política en Casa Rosada.

En paralelo, el Ejecutivo envió una señal política al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al firmar un acuerdo para transferir las competencias de la Justicia Laboral a CABA. El convenio, que ya ingresó al Senado y deberá ser aprobado también por la Legislatura porteña, establece un régimen progresivo de implementación.

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Qué competencias pasan y cuáles quedan en el fuero federal

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CABA asumirá los conflictos individuales de trabajo, pero quedarán excluidos del traspaso:

• Conflictos colectivos y negociación colectiva.

• Temas de asociaciones sindicales y personería gremial.

• Competencias no delegadas del Pacto Federal del Trabajo.

• Causas donde sea parte el Estado Nacional.

• Recursos contra decisiones administrativas nacionales.

Las causas iniciadas antes de la vigencia del acuerdo seguirán en la Justicia Nacional del Trabajo, mientras que la ejecución de sentencias pasará al nuevo fuero porteño. Además, se dispuso el cierre progresivo de juzgados laborales nacionales vacantes y de la Sala VII de la Cámara Nacional del Trabajo.