Nacionales | 17 feb 2026
Contrataciones bajo la lupa
Di Tullio denuncia a Sturzenegger por contrato millonario en Cancillería
La senadora nacional Juliana di Tullio presentará una denuncia penal en Comodoro Py contra el ministro Federico Sturzenegger y su esposa María Josefina Rouillet, por una contratación de $114 millones adjudicada por la Cancillería Argentina a la entidad que ella dirige. El Gobierno asegura que se cumplieron los controles de integridad.
La senadora nacional del interbloque Justicialista, Juliana di Tullio, avanzará con una denuncia penal en los tribunales de Comodoro Py contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y su esposa María Josefina Rouillet. La presentación judicial se da tras la difusión de un contrato millonario otorgado por la Cancillería a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), institución presidida por Rouillet.
Según la legisladora, la contratación resulta “irregular” por el vínculo familiar directo entre un ministro nacional y la titular de la entidad adjudicataria. El convenio contempla la prestación de cursos de inglés para el personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, actualmente a cargo de Pablo Quirno.
Todos chorros, del primero al último.
— Juliana di Tullio (@ditulliojuli) February 15, 2026
Acá @NAagencia agrega la documentación del negocio de Sturzeneguer con la tuya. 👇🏻
Haremos la denuncia correspondiente. https://t.co/1wC7pBCFcM pic.twitter.com/4aBhgsEy3A
Cómo se adjudicó el contrato cuestionado
La contratación se tramitó bajo la modalidad de Adjudicación Simple por Especialidad y quedó formalizada mediante la Disposición DI-2026-06694033-APN-SSCYAE#MRE, dentro del expediente EX-2025-132767865-APN-DCYC#MRE y el procedimiento 26-0033-CDI25 del sistema COMPR.AR.
El monto total asciende a $114.044.133 (IVA incluido) —equivalente a unos USD 78.000 al tipo de cambio actual— y el contrato tendrá una vigencia de nueve meses, con posibilidad de prórroga por un período igual.
Gracias @gusalew!
— Pablo Quirno (@pabloquirno) February 15, 2026
No hay absolutamente ninguna irregularidad sino todo lo contrario!
Cancillería ha contratado a AACI desde 2018 para capacitar en idioma inglés a nuestro personal.
En esta oportunidad, al ser la Directora Ejecutiva la esposa de Federico Sturzenegger, se… https://t.co/MD4r26SRvx
De acuerdo con la documentación oficial, la propuesta técnica presentada ante la Cancillería fue confeccionada por Rouillet, quien se desempeña como directora ejecutiva de la AACI al menos desde septiembre de 2020.
El rol de los organismos de control
Debido al lazo familiar entre Sturzenegger y Rouillet, se activó el mecanismo previsto en el Decreto 202/2017, que establece la intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
En los considerandos del expediente se dejó constancia de un “vínculo positivo” entre una autoridad de la entidad contratada y un ministro nacional, encuadrado formalmente como relación familiar (matrimonio). Frente a ese escenario, el área de Compras informó la situación a los organismos de control y recomendó aplicar un mecanismo adicional de transparencia.
La medida adoptada fue la firma de un Pacto de Integridad entre el Estado y la AACI, que obliga a las partes a no ofrecer ni aceptar beneficios indebidos, con el objetivo de prevenir conflictos de interés, sobornos y prácticas irregulares en contrataciones públicas.
La defensa oficial y el trasfondo político
Tras conocerse la polémica, Pablo Quirno salió a responder en redes sociales y negó cualquier irregularidad. Aseguró que la Cancillería contrata a la AACI desde 2018 para la capacitación en idioma inglés de su personal y que, en esta oportunidad, se extremaron los controles justamente por el vínculo familiar.
El servicio fue solicitado por la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior, en el marco del Plan Estratégico de Capacitación 2025–2027. En el expediente se argumentó que la AACI era el “único prestador” capaz de garantizar la continuidad del programa por su trayectoria y antecedentes dentro del Ministerio.
Pese a las explicaciones oficiales, Di Tullio considera que el caso amerita una investigación judicial para determinar si existió tráfico de influencias o violación a los deberes de funcionario público. La denuncia será presentada en las próximas horas y promete escalar la tensión política en el Congreso.
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