La ofensiva judicial contra el ministro de Economía Luis Caputo suma un nuevo capítulo de tensión entre el oficialismo y la oposición kirchnerista. Este viernes, los diputados nacionales Germán Martínez, Paula Penacca y Julia Strada presentaron una denuncia penal por presuntas irregularidades en el manejo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

Según el escrito, el Gobierno habría intervenido para que no se publique un índice que ya había sido anunciado, reemplazándolo por otro, situación que terminó con la salida del entonces titular del organismo, Marco Lavagna. Para los legisladores, esa secuencia configura delitos penales graves y afecta directamente la credibilidad del sistema estadístico argentino.

Eso es falso @edufeiok. De hecho daba una décima menos que el índice actual. Al menos eso me dijo Marco y también Pedro Lines.
Podes chequearlo con ellos mismos. https://t.co/griGbkh8gD

— totocaputo (@LuisCaputoAR) February 3, 2026

La causa quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi. Se trata del mismo magistrado que instruye la causa conocida como “estafa Libra”, señalada por su avance lento y que ya recibió observaciones de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en enero de 2025.

Los delitos denunciados y las posibles penas

En la presentación judicial, los diputados imputan a Caputo por:

• Abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (artículo 248 del Código Penal).

• Violación de secretos y deberes de confidencialidad (artículo 157 del Código Penal).

• Falsificación de documentos públicos (artículo 293 del Código Penal).

De comprobarse estos delitos en sede judicial, el ministro podría enfrentar penas que van desde un mes hasta seis años de prisión, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos, según el tipo penal que eventualmente se confirme.

Strada fue explícita al señalar que “no haber permitido la divulgación del índice que se había anunciado y publicar otro puede considerarse una falsificación”, en referencia directa al reemplazo del IPC que el Indec tenía previsto difundir.

El tuit de Caputo y la prueba central de la denuncia

Uno de los ejes centrales de la denuncia son las declaraciones públicas del propio Caputo en redes sociales, realizadas en medio de la crisis institucional que derivó en el portazo de Lavagna. Los legisladores citaron un mensaje publicado en X, en respuesta al periodista Eduardo Feinmann, donde el ministro afirmó que el índice cuestionado “daba una décima menos que el índice actual” y que esa información se la había transmitido Lavagna junto a Pedro Lines, actual titular del organismo.

Para Strada, ese posteo es determinante: “Es su cuenta personal. No puede decir que no sabía o que no fue él”. Además, recordó que Caputo anticipó públicamente el resultado de la medición antes de que el Indec la publicara oficialmente, un punto que agrava la acusación por violación de secreto estadístico.

Por qué el IPC es clave y qué dice la ley

En el texto judicial, los diputados subrayan que el IPC es “uno de los indicadores económicos más relevantes del sistema estadístico nacional”, ya que impacta de forma directa en:

• Negociaciones salariales y paritarias

• Actualización de jubilaciones y planes sociales

• Contratos públicos y privados

• Diseño de políticas económicas

• Decisiones financieras y monetarias

• Credibilidad macroeconómica del Estado argentino

La denuncia remarca que estos datos están protegidos por la Ley 17.622, que regula el secreto estadístico. En particular, se cita el artículo 17, que sanciona a los funcionarios que revelen, tergiversen, omitan o adulteren datos estadísticos, con exoneración y las penas previstas en el Código Penal.

Para los legisladores, Caputo “excedió manifiestamente las atribuciones del cargo que detenta”, comprometiendo no solo al Indec sino a la confianza pública en las estadísticas oficiales.