Las revueltas policiales en Rosario no son un fenómeno aislado ni nuevo en Santa Fe, pero la que se desactivó esta semana dejó marcas distintas. No solo por su masividad, sino por el modo: cientos de uniformados protestaron a cara descubierta, sin temor a sanciones, y con un discurso que encontró eco inmediato en una sociedad golpeada por la crisis económica.
El conflicto se prolongó durante una semana de máxima tensión y obligó al Ejecutivo provincial a acelerar anuncios salariales para frenar una rebelión que ya no podía ser contenida solo con advertencias disciplinarias.
El núcleo del conflicto fue económico. Los policías más jóvenes y de menor jerarquía denunciaron ingresos mensuales de 700.000 a 900.000 pesos, jornadas extendidas, descansos insuficientes y una obra social deficiente. La precariedad salarial se convirtió en el principal motor de una protesta que, lejos de quedar encapsulada en la fuerza, generó identificación con amplios sectores sociales.
El propio gobierno admitió que los aumentos anunciados permitirían que ningún policía quede por debajo de la línea de pobreza, con subas que en algunos casos alcanzarían hasta el 50%. Sin embargo, los efectivos advirtieron que gran parte de los incrementos son no remunerativos, lo que limita su impacto en jubilaciones y deja afuera al personal retirado.
“La verdad de lo que pasa no se terminó. Hay que ver qué cantan los recibos de sueldo el 1º de marzo”, resumió un policía retirado con contacto directo con los activos.
Uno de los rasgos más novedosos de la protesta fue su composición generacional. Según oficiales de mayor antigüedad, la base del reclamo estuvo integrada por efectivos menores de 30 años, formados en una lógica distinta a la obediencia irrestricta tradicional.
“Los más jóvenes hoy discuten lo que les parece mal y plantean sus derechos”, reconoció un comisario con más de dos décadas de carrera. Esa transformación sociológica explica, en parte, por qué el reclamo se expresó de manera abierta, sin voceros únicos ni estructuras claras, y con fuerte presencia en medios y redes sociales.
El conflicto no puede leerse sin el antecedente inmediato: la detención de más de 30 policías en Rosario por un millonario fraude con combustible para patrulleros, estimado en 50 millones de pesos mensuales. Esa causa judicial descabezó a los mandos intermedios y dejó a gran parte del personal operativo sin referencias claras de conducción.
Desde el gobierno admiten que esa purga forzada generó bronca interna y una ruptura en la cadena de mandos, justo en el sector más expuesto al trabajo en la calle.
El detonante final fue el suicidio de Oscar “Chimi” Valdéz, un policía de Vera destinado en Rosario, con carpeta médica y uno de los salarios más bajos de la escala. El hecho ocurrió dentro de la Jefatura y se transformó en un símbolo de las condiciones extremas que denunciaban los manifestantes.
Funcionarios del propio Ejecutivo reconocieron que ese episodio precipitó un conflicto que ya tenía motivos “lógicos” y acumulados.
La decisión de pasar a disponibilidad a 20 policías en pleno conflicto y derivar el caso al Ministerio Público de la Acusación generó fuertes cuestionamientos. Sectores políticos y académicos advirtieron sobre el riesgo de judicializar un reclamo laboral, lo que colocó al gobierno en una posición incómoda cuando luego buscó retroceder y ofrecer reincorporaciones.
Desde las defensas señalaron que, aun si los efectivos vuelven al servicio, las causas administrativas seguirán abiertas, manteniendo un clima de malestar latente dentro de la fuerza.
El gobernador Pullaro logró descomprimir la protesta cuando tomó la palabra y reconoció la legitimidad del reclamo. En la Casa Gris sostienen que su intervención fue clave para que los policías regresaran a la calle, incluso más que los anuncios técnicos previos del ministro de Economía.
El cierre del conflicto llegó en una semana compleja para el mandatario, atravesada por la visita presidencial de Javier Milei a San Lorenzo y tensiones políticas con sectores libertarios. Pese a su vínculo con la Casa Rosada, Pullaro aprovechó el anuncio salarial para marcar diferencias discursivas.
Salarios bajos y condiciones laborales precarias fueron el eje del reclamo.
La protesta estuvo liderada por policías jóvenes, sin conducción tradicional.
La purga por el fraude del combustible debilitó la cadena de mandos.
Los aumentos anunciados no son plenamente remunerativos.
El debate sobre la sindicalización policial volvió a escena.
Aunque la protesta fue levantada y el servicio policial no colapsó, el conflicto dejó una advertencia clara: sin canales formales de representación, los reclamos laborales en fuerzas de seguridad tienden a estallar de forma desordenada y con impacto directo en la gobernabilidad.
La pregunta que sobrevuela Santa Fe es si este episodio será apenas una tregua o el anticipo de nuevas tensiones en un contexto económico que sigue ajustando por abajo.